La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública Acuamed, entre los que se encuentran proyectos como las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, la garantía de los regadíos de la desaladora de Torrevieja y otros proyectos llevados a cabo en la Comunidad Valenciana, cuya adjudicación investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Un equipo de este departamento se desplazó el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el magistrado Velasco, que investiga estos hechos. Su intención es recabar «más información sobre las presuntas irregularidades cometidas» por la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, con objeto de «iniciar su propia investigación», según fuentes jurídicas.
Los proyectos afectados recibieron inyecciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Se trata en concreto de las conducciones y tuberías de la desaladora de El Campello-Mutxamel -más conocida como la desaladora de Mutxamel- y su asistencia técnica y obras en la de Torrevieja.
Además, Bruselas también indagará la mejora del drenaje de la presa avenida Rambla Gallinera, donde se investiga un contrato para la obra Rambla Gallinera, entre las provincias de Alicante y Valencia, que incluía el pago de dos millones de euros por la construcción de una escollera que no se realizó. También investigan la financiación de la presa antiavenidas del río Serpis (Valencia); las tuberías de abastecimiento de Benicassim (Castellón); el nuevo colector oeste de la Albufera u otras conducciones en la desaladora de Oropesa; las mejoras en la desaladora de Moncofar; la obra de reutilización de aguas residuales de Albufera sur; la obra de reutalización de aguas residuales de Sueca y el tratamiento de aguas residuales de Planta de Pinedo.
Fue el propio magistrado el que se puso en contacto con la OLAF el pasado mes de marzo para recabar información sobre la cofinanciación. En su respuesta remitida a la Audiencia Nacional e incorporada al sumario del procedimiento la oficina antifraude detalla que los proyectos cofinanciados con fondos FEDER reciben ayudas por un 80% de las cantidades declaradas a la Comisión Europea cuando se trata de programas operativos. Otras veces el 42% del importe del proyecto. El beneficiario del proyecto debe abonar la cantidad correspondiente a la ejecución de actividades. La Direccción General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana verifica la solicitud de reembolso, la revisa y la Comisión Europea emite una transferencia por ese dinero.
