De iniciativa estrella a fiasco total. El Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, rebautizado como Plan Confianza, se reformula ahora. Aquel proyecto, impulsado por Francisco Camps en 2009 cuando la crisis económica arreciaba, iba a tener una «vida» de solo dos años y un presupuesto de 1.020 millones de euros. Pero las estrecheces económicas de la Generalitat, por una parte, y los restrasos en la aprobación y ejecución de las obras, por otra, han provocado que el plan se haya perpetuado en el tiempo y haya dejado actuaciones a medias.

Para tratar de corregir la situación, el Consell de Ximo Puig aprobó ayer en su sesión plenaria un decreto ley por el que se regula el procedimiento, los plazos y las actuaciones necesarias que llevarán a la finalización y liquidación definitiva del plan. La vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, explicó ayer el porqué. «No se ha gestionado bien, como lo demuestra el hecho de que se haya prolongado cinco años más y, además, hay obras abandonadas y sin ejecutar, y los impagos hicieron quebrar a centenares de empresas», sentenció la también portavoz de la Generalitat.

Oltra no se quedó ahí. Señaló que tampoco se han desarrollado correctamente ni las liquidaciones parciales de los proyectos ni la incorporación de la información a la plataforma informática que lo gestiona, «difiriendo en el tiempo los pagos». Además, se han tramitando con lentitud las certificaciones de obra emitidas por parte de las consellerias y los ayuntamientos, según expuso en su tradicional comparecencia de los viernes tras el pleno. Por todo ello, el Consell no ha podido precisar con exactitud cuál es el montante real de las obras ejecutadas y las que están pendientes.

Para intentar que los proyectos que están a medias lleguen a buen puerto, la Generalitat ha decidido ampliar hasta junio de 2019 la vigencia del plan, de modo que se aumenta el plazo para que los municipios puedan acabar sus obras. El decreto fija además esa fecha como límite para la definitiva liquidación y extinción del PIP. Además, las poblaciones en las que no se hayan podido ejecutar de forma total o parcial estas inversiones también podrán solicitar la autorización para sustituir los proyectos previstos.

Modificaciones

Los ayuntamientos tendrán la opción de sustituir no sólo aquellos proyectos que aún no han sido autorizados, sino también los autorizados que no se han ejecutado y aquellos que aún no se han iniciado, siempre teniendo en cuenta como límite las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Los consistorios que quieran solicitar la sustitución de algún proyecto cuentan con un plazo de cuarenta días para ello a contar desde el día siguiente de la publicación en el DOCV del decreto ley aprobado por el Consell. Una vez recibida la solicitud, será enviada a la conselleria pertinente y ésta dispondrá de un plazo de quince días para emitir su conformidad o disconformidad con la sustitución solicitada, según informaron ayer desde el Ejecutivo autonómico.