El PP sabe lo que se juega en la repetición de las elecciones generales del próximo 26 de diciembre. Son conscientes de que su futuro pende del desenlace de todos los movimientos que se produzcan después de los comicios para formar gobierno. Si se mantienen en La Moncloa, los populares tendrán cuatro años por delante para regenerarse y tomar aire. Pero, por el contrario, si se quedan en la oposición, tendrán un grave problema. No sólo se les vendrá encima una crisis de liderazgo sino que, además, la organización se abrirá en canal especialmente en territorios como la Comunidad Valenciana o Alicante, donde las siglas del PP arrastran un notable deterioro después de dos décadas al mando de las instituciones y, sobre todo, de las investigaciones por corrupción que han azotado a un sinfín de cargos populares.
Y en esa estrategia, como adelantó este periódico, el PP está convencido de que la campaña electoral para los comicios del 26 de junio debe tener un perfil bajo. Bajísimo si es posible. Frente a la necesidad de la izquierda de agitar a sus tropas para acudir a las urnas, los populares prefieren envolverse en la bandera de la disimulada moderación para sacar de la abstención a los votantes que se quedaron en casa en diciembre, movilizar a sus propios electores sin soliviantar a los enfadados del otro bando que están dispuestos a engordar la abstención desengañados por los desencuentros de las izquierdas y, de paso, recuperar voto fugado a Ciudadanos después del pacto con los socialistas que firmaron los de Albert Rivera. Es en la Comunidad y en la provincia, además, adquiere todavía, si cabe, más importancia: el PP necesita seguir como primera fuerza y frenar a la coalición Compromís-Podemos-EU que aspira en estos comicios a disputarle esa posición al partido de Isabel Bonig.
Los populares de Alicante, en esa tesitura, quieren «borrar» la campaña. Y, de hecho, ponen sobre la mesa un acuerdo institucional en todos los municipios a traves de una moción para reducir a la mínima expresión la actividad electoral. Proponen, según el vicesecretario provincial de Organización del PP, Rafael Candela, eliminar la «pegada» y colocación de carteles, banderolas, pancartas y cualquier otro soporte publicitario en espacios públicos. Solicitan un compromiso de todos los partidos para evitar el uso de los soportes tradicionales habilitados por las administraciones para cartelería. Y pide también que cada consistorio, como máximo, autorice un puesto informativo por partido y término municipal a lo largo de los quince días que dura la campaña.
De puertas hacia fuera, el objetivo «confesable» del PP es reducir en un 30% el gasto que arrastran las administraciones por este concepto. «El PP quiere que los impuestos de los alicantinos sean para mejorar la vida de los alicantinos y no para financiar procesos electorales», afirmó Candela que además garantizó una campaña austera, de contacto directo con las personas y renunciando a actos «fastuosos e innecesarios». Hoy mismo este asunto se abordará en el Ayuntamiento de Alicante. Lo cierto, sin embargo, es que el PP habla de ahorro cuando hace unos días se negó a aceptar un pacto en España para realizar de forma conjunta el «mailing» con las papeletas de todos los partidos, que ahorraría el principal gasto de campaña. Doble rasero.
