El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana estudia ya hasta tres recursos por el polémico decreto que ha aprobado la Generalitat y que, en la práctica, interviene las inversiones de las diputaciones en materia turística y deportiva. Tal y como ha venido informando este diario, el TSJ ya había admitido a trámite los recursos que presentaron tanto la institución provincial de Alicante como la de Castellón, ambas comandadas por el PP. Y ayer, el tribunal hizo lo propio con el que interpuso el Ejecutivo central.

El delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, dio a conocer la noticia ayer en Valencia. «El Gobierno defiende el principio de autonomía de las diputaciones provinciales que está reconocido por la Constitución y por las leyes. La Generalitat no puede dictar reglamentos ejecutivos dando la espalda a las diputaciones provinciales en sectores como el turismo y el deporte», zanjó Moragues ante los periodistas.

De esta forma se disipa cualquier duda. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores y cabeza de cartel del PP por Alicante el próximo 26J, José Manuel García-Margallo, dio a conocer el pasado 8 de mayo que la Abogacía del Estado había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra ese decreto del Consell. «Se trata de preservar las competencias históricas de las diputaciones provinciales, excuso decir la importancia que tiene para mi provincia, Alicante, que la Diputación siga conservando esas competencias. Lo que funciona no hay que tocarlo», se justificó entonces Margallo.

Sin embargo, días después de ese anuncio la Generalitat aseguró no tener constancia de tal recurso. Hasta que ayer, Moragues anunció que ya se había admitido a trámite. «La ley de Bases de Régimen Local y la Constitución dicen que la Generalitat se tiene que coordinar con las diputaciones provinciales en materia de turismo y deportes, nunca imponer», señaló. El también exconseller de Hacienda en el gobierno de Alberto Fabra acusó a la Generalitat de querer «imponer determinadas normas, pautas y criterios» en esas dos áreas, y de ahí que el Gobierno central hata decidido recurrirlos.

Estos tres recursos podrían no ser los únicos que tenga que resolver la Justicia. Cuando anunció el contencioso-administrativo ante el TSJ, Margallo admitió además que el Ejecutivo central estaba valorando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Escasos días después, el ministro mantuvo un encuentro en Alicante con los presidentes de las diputaciones de Alicante y Castellón, César Sánchez y Javier Moliner, respectivamente, para abordar esa opción. Y quedó sobre la mesa. A día de hoy todavía no se ha dado el paso. Pero con la precampaña casi en marcha, nada se puede descartar.