La Diputación de Alicante, al desnudo. La institución provincial está ultimando una ordenanza de transparencia y acceso a la información que obligará a sus dirigentes a desgranar todo tipo de información. Deberán airear sus sueldos, los regalos que reciben, cuánto gastan en los viajes que realizan viajes fuera de la Comunidad, sus dietas, el coste mensual de su teléfono móvil, sus ingresos por asistencia a reuniones de organismos autónomos...
La publicación de esta información no es baladí. Precisamente, porque la Diputación ha estado en la picota durante los últimos años debido a sus gastos y a los elevados emolumentos de sus políticos. Este pasado verano, sin ir más lejos, este diario destapó que hasta 19 dirigentes del Palacio Provincial se habían asignado un salario superior al del presidente de la Generalitat, Ximo Puigsalario Ximo Puig, quien percibe 67.615 euros brutos anuales. Y el mes pasado, la corporación volvió a estar en el foco mediático debido a la amplia delegación que envió, pagada con fondos públicos, para promocionar las Hogueras en Göteborg.promocionar las Hogueras en Göteborg
Pues bien, el autoproclamado «gobierno provincial» quiere ahora que su imagen se asocie a transparencia, cercanía y proximidad al ciudadano. De ahí la ordenanza. Según la información recabada por este diario, el documento está basado en las directrices de la Federación Española de Municipios y Provincias. El texto está dividido en tres capítulos. El primero, con las disposiciones generales. En él se explicita que la ordenanza afecta a la propia Diputación, a sus organismos autónomos y a otras entidades con participación pública.
El segundo capítulo se ha bautizado como de «publicidad activa». Éste recoge que toda la información ha de publicarse en la página web y/o en el portal de transparencia y que se colgará tanto en castellano como en valenciano, «en la medida que lo permitan los medios disponibles». Los datos que se tendrán que airear son muy variados: los regalos, las convocatorias de procesos selectivos, las subvenciones concedidas, las retribuciones, las indemnizaciones percibidas, los acuerdos de compatibilidad para trabajar en la empresa privada, las dotaciones que perciben los grupos políticos, los acuerdos plenarios, las resoluciones judiciales firmes, los contratos adjudicados, las encomiendas de gestión, los contratos menores, el coste de los servicios, el número de vehículos oficiales, las posibles encuestas de opinión sufragadas con fondos públicos y sus resultados... Prácticamente nada se queda fuera.
En tercer lugar está el capítulo de «derecho de acceso a la información pública». La Diputación ha incluido en él los trámites a seguir si se quiere consultar algún documento y se ha comprometido a emitir anualmente un informe en el que se analice el volumen de accesos al portal de transparencia y las solicitudes de información.
El reglamento se aprobará en el pleno de junio de la Diputación. Y saldrá adelante, previsiblemente, con el voto a favor de los cinco grupos con representación en la avenida de la Estación: PP, PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Ciudadanos. El encargado de promover el texto ha sido el vicepresidente quinto y portavoz adjunto popular en la institución, Adrián Ballester. El también responsable de Buen Gobierno ha querido predicar con el ejemplo y ha consensuado el documento con el resto de fuerzas. Incluso ha incluido en él enmiendas y propuestas de Compromís y EU. El PSOE y Ciudadanos, por su parte, no han presentado ninguna.
