El Ayuntamiento de Alicante ha dejado de ser parte en el proceso abierto por la realización de unas obras antes de adjudicarlas en la plaza Magallanes de Alicante. Una causa por la que entre el 6 y el 9 de junio será juzgado en la Audiencia quien fuera la segunda autoridad municipal durante el mandato de Sonia Castedo, el exvicealcalde Andrés Llorens.
Junto al expolítico se sentarán en el banquillo tres técnicos municipales: entre ellos un exjefe de servicio de Atención Urbana que está investigado en otros dos procedimientos (Víctor López) y el responsable de la mercantil que realizó los trabajos.
Aunque la anterior Corporación se personó en el procedimiento como acusación particular, lo cierto es que su actuación ha ido más en la línea de las defensas. De hecho, en el fase de presentación de los escritos de acusación esta parte solicitó el sobreseimiento de las actuaciones al entender que ni se había cometido delito alguno ni se había causado perjuicio a las arcas municipales.
Con la retirada del Ayuntamiento las acusaciones se quedan en dos: la pública y la particular que comenzó a ejercerse en nombre del grupo municipal socialista y a cuyo frente se encuentra ahora la exdirigente de este partido Carmen Sánchez Brufal.
Andrés Llorens está acusado de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Al expolítico del PP se le imputa haber adjudicado un añadido a las obras de remodelación de la Plaza de Magallanes de Alicante cuando los trabajos ya habían concluido.
Llorens, a quien este asunto le costó su carrera política, siempre ha defendido que si actuó de ese modo fue por el bien de los vecinos y que nunca se ha considerado un corrupto.
Mientras el ministerio fiscal pide para el exvicealcalde de Alicante 3 años de prisión y 9 de inhabilitación para cualquier cargo público, la acusación particular reclama 4 años de cárcel y 11 de inhabilitación.
