La Conselleria de Hacienda, dirigida por Vicent Soler (PSOE), ha autorizado una modificación del Presupuesto de la Generalitat para este 2016 mediante la que se realiza una transferencia de crédito del capítulo 2 de gastos de funcionamiento -del programa «Asistencia Sanitaria»- al capítulo 3 de gastos financieros -de «Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Sanidad»-. El Consell realiza esta nueva transferencia, que fue recogida ayer en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), para poder así enfrentarse a un agujero de casi 40 millones de euros en concepto de intereses de demora, como consecuencia a las sentencias judiciales dictadas a raíz de los recursos presentados entre los años 2012 y 2014 -durante la etapa del PP al frente de la Generalitat- por parte de los proveedores a los que el Consell no abonó las deudas a su tiempo.

Todos los pagos, por un importe exacto de 39.456.221,08 euros, corresponden a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, dirigida ahora por la también socialista Carmen Montón.

En total, asegura la Conselleria de Hacienda a través de un comunicado de prensa, el Consell ha tenido que hacer frente a 22 resoluciones judiciales por impagos del anterior Ejecutivo. Los recursos presentados por los afectados proceden en su mayoría de 2012 y de 2013, mientras que también hay tres corresponden al año 2014. Entre los beneficiarios de los intereses de demora se encuentran la Fundación IVO -de donde procedía el anterior conseller de Sanidad, Manuel Llombart-, Cyes Infraestructuras, Secopsa Construcción, Construcciones Díaz Sala, Grupo Electro Stocks, Beanaca-Centro Médico, la Casa del Reposo y la Clínica Perpetuo Socorro y farmacéuticas como Novo Nordisk Pharma o Johnson and Johnson.

Comparativa

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, resaltó ayer que los desembolsos correspondientes al pago de intereses de demora «forman parte de los desequilibrio de tesorería que ha habido históricamente en las cuentas de la Generalitat». «Son intereses de demora de impagos, impagos que en la factura de Sanidad son muy importantes porque los ingresos no llegan y, en este caso también, porque el Gobierno anterior, daba preferencia en el uso de la tesorería a otras cosas y no a la sanidad», añadió ayer el titular de Hacienda.

Los casi 40 millones que corresponden al pago de los intereses de demora vinculados a las 22 sentencias a los que se ha visto obligado a hacer frente ahora el actual Consell por impagos realizados en la pasada legislatura representan algo más de la mitad que el Acuerdo de No Disponibilidad por importe de 78 millones, que el Gobierno dirigido por Ximo Puig tuvo que aprobar en su reunión del pasado viernes por exigencias del Ministerio de Hacienda, en manos de Cristóbal Montoro, y para así con el que considera que abre la vía para desbloquear 2.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)..