Imelsa hinchaba las nóminas y falseaba contratos

El exgerente de la empresa pública admite a la Guardia Civil que contrató a «200 ó 300 personas»

20.05.2016 | 00:46
El ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, cuando reapareció para aportar los discos duros de la empresa, en 2015.

Revela que «la mayoría de asesores no hacían nada, ni siquiera iban por allí». Se contrató a familiares y amistades del PP, PSPV, Compromís, EU, UGT y el CSIF.

La maquinaria clientelar para enchufar familiares y amigos a diestro y siniestro en Imelsa (Impulso Económico y Local SA), la empresa pública de la Diputación de Valencia, incluyó el hinchamiento ficticio de nóminas y el falseamiento de contratos de discapacitados.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la segunda pieza separada del «Caso Taula», para investigar los contratos a trabajadores zombis (que cobraban sin trabajar) y los finiquitos desorbitados, revela correos de trabajadores del área de recursos humanos en los que hablan de hinchar el número de nóminas para «completar la partida de gasto». «Te remito las nóminas para la justificación de FPE (Formación profesional para el empleo), si hacen falta más nóminas dímelo. Y, por favor, intenta que las vea el menor número de personas posible y no se queden en sitios visibles de las mesas», asegura la exjefa de recursos humanos de Imelsa, Maria Escrihuela (imputada en esta pieza) a un responsable del departamento de formación, en un correo electrónico enviado el 29 de julio de 2010.

Respecto al falseamiento de contratos de personas discapacitadas, la Guardia Civil también ha detectado varios correos del área de recursos humanos del 13, 14, 19, 20 y 21 de abril en los que recopilan «un listado de trabajadores que tenemos minusválidos (sic) y el grado de minusvalía (sic) que tienen reconocido» para poder «alcanzar el 2%» del total de empleados en Imelsa: Un total de «787 trabajadores y 16 minusválidos».

Uno de los trabajadores que ocupó una plaza de discapacitado fue uno de los dos empleados de Engloba contratados por la amistad personal entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el propietario de Engloba, José Adolfo Vedri, ambos imputados en esta pieza y en la principal de «Caso Taula».

Los contratos-favor a Engloba
Es el mismo Benavent quien confiesa a la Guardia Civil que contrató a los dos trabajadores de Engloba porque «el empresario estaba pasándolo mal y los necesitaba para que trabajasen en Engloba». De esta manera, Salvador Torm y Óscar Pavón Huertas pasaron a estar en nómina de Imelsa, desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 30 de abril de 2010. Cobraban de la empresa pública sueldos de 2.676,66 euros y 2.926,66, respectivamente, aunque en realidad seguían trabajando para una de las empresas de Engloba Grupo de Comunicación, La Gráfica Integral, según reconocieron ambos a la UCO de la Guardia Civil. Aunque uno de estos trabajadores era discapacitado, ocupó una plaza de Imelsa por la que cobró sin trabajar en la empresa pública.

La Guardia Civil ha podido recuperar los correos electrónicos en los que se trata el hinchamiento de nóminas o la búsqueda de discapacitados para alcanzar la cuota del 2% a partir de las copias de seguridad del servidor de Imelsa, aportado por Marcos Benavent al Juzgado de Instrucción número 6 (que tramita una denuncia de los anteriores gestores de la empresa contra el ex gerente) en cintas LTO (siglas en inglés de «linear tape-open») que son cintas magnéticas de almacenamiento de datos.

Los investigadores también siguen tirando del hilo a partir de las declaraciones realizadas por el ex gerente de Imelsa y exyonki del dinero confeso ante la UCO y el Juzgado de Instrucción 18 que investiga el «Caso Taula». Marcos Benavent estuvo siete años al frente de Imelsa: del 28 de julio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014. Tiempo suficiente, según su propio testimonio para «contratar a 200 ó 300 personas». La mayoría eran «asesores que no hacían nada, que ni siquiera iban por allí» y que «todos los trabajadores de Imelsa eran enchufados».

Unas peticiones de enchufe que, según la declaración del propio Benavent, procedía desde todos los partidos con representación en la Diputación de Valencia en las anteriores legislaturas: PP, PSPV, Compromís y EU. «Las contrataciones respondían a favores que le eran solicitados a Benavent por Alfonso Rus, Emilio Llopis, Juan José Medina (todos del PP e imputados en el Caso Taula), José Manuel Orengo y Raúl Pardos (del PSPV), Emili Altur (Compromís), Rosa Pérez (EU), Rubén Estornell (UGT) y Ruth López (CSIF)», según refleja el informe de la UCO de la Guardia Civil. El ex gerente de Imelsa también revela que encontró empleo para familiares de dos miembros del PP y de un dirigente del PSPV. En esta pieza han sido imputadas 15 personas por cobrar de Imelsa sin que se haya acreditado el trabajo real que realizaban para la empresa pública.

37.607 euros pagados por un día
Otras ocho personas también han sido investigadas por cobrar finiquitos desorbitados al ser despedidos de Imelsa. En el informe la Guardia Civil destaca el exagerado despido que cobró el ex alcalde del PCE, EU y después independiente de Llutxent y secretario general de UGT en Imelsa Honorio Estornell. Estornell, que era el coordinador de las brigadas forestales, fue despedido el 1 de enero de 2008 con una indemnización de 100.000 euros, aunque sólo le deberían haber correspondido 72.251 euros por este despido improcedente. Un total de 37.607,64 euros de esta indemnización los cobró por estar de alta el 1 de enero de 2008, según la Agencia Especial de la Administración Tributaria. Tres meses antes de este despido, Benavent pactó una mejora salarial y un ascenso de categoría laboral a Rubén Estornell, hijo de Honorio y actual delegado sindical de UGT en Imelsa. Ambos están imputados.

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