El informe jurídico dedica un apartado a justificar «la marginación» a la que el Consell ha sometido a la Diputación en este procedimiento y que solo se ha limitado a informarle de los decretos que limitan sus competencias en una reunión celebrada el 11 de febrero pasado. Añade que la Diputación de Alicante no ha tenido «oportunidad real y efectiva» de formular sugerencias antes de que la Generalitat aprobara los decretos y apunta directamente al secretario autonómico, Francesc Colomer, como autor de «graves irregularidades» por no facilitar ese tiempo para la formulación de observaciones. El texto minusvalora la utilidad de la ley que pretende poner en marcha el Consell con los decretos, la Ley 2/1983 de coordinación turística, de la que dice que estaría en desuso después de casi 30 años y sostiene, además, que los decretos chocan con la Ley de Bases del Régimen Local, de carácter estatal. s. ll.
