La batalla abierta entre el Consell y la Diputación de Alicante por los decretos autonómicos Consell Diputación de Alicantedecretos autonómicosque limitan las competencias de la institución provincial en materia turística y deportiva podría afectar a la inversión de más de 30 millones de euros realizada por la corporación provincial en los últimos cuatro años en la promoción turística y deportiva en la provincia. Y es que la Diputación baraja la posibilidad de exigir al gobierno de Ximo Puig los gastos que se ha ahorrado en todas las funciones administrativas en gestión turística y deportiva si los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra los decretos del Consell no prosperaran.
El documento en el que se basa la Diputación es un informe jurídico de 186 páginas elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Jaume I de Castellón, David Blanquer, sobre la coordinación autonómica de las competencias provinciales en Turismo y Deportes solicitado por la Diputación de Alicante, en manos del PP, y que se adjuntó a los recursos interpuestos ante el TSJ.
El informe plantea que la Diputación pueda reclamarle al Consell los gastos en materia turística y deportiva de los últimos cuatro años si no se ganase la batalla en los tribunales contra las intenciones del Consell de restar funciones a las corporaciones provinciales. Si las diputaciones carecen de competencia en estas materias, como defiende la Generalitat con los decretos, «se estaría gestionando un negocio ajeno a través de una actuación fáctica que genera un empobrecimiento sin causa de las arcas locales», indica el texto.
En consecuencia, añade el documento, «existiría fundamento jurídico adecuado y razonable para que la Diputación Provincial reclamara a la Generalitat la restitución del importe que la administración autonómica se ha ahorrado».
La reclamación se justifica en que la Generalitat no habría sufragado en estos años «todas las funciones administrativas que supuestamente le corresponden en el ámbito de la provincia de Alicante». Aunque no se habla de cifras, fuentes de la Diputación sostienen que, a priori, el único documento al que se ha mirado ha sido el de los presupuestos anuales de los últimos cuatro años. La Diputación alicantina ha manejado desde el año 2013 hasta 2016 un presupuesto de 17, 8 millones de euros desde el Patronato de Turismo y poco más de 12 millones en el caso del Patronato de Deportes.
El informe aportado por la Diputación al TSJ junto a los recursos adelanta la fórmula que se seguiría para formaliar la devolución del dinero. La institución provincial que actualmente dirige César Sánchez podría solicitar el retorno de los gastos de los últimos cuatro años -concretamente, de los cuatro años anteriores a la aplicación de los decretos- al ser gastos no prescritos en virtud de la ley general tributaria, según explica el documento.
El experto en Derecho Administrativo insta a la Diputación de Alicante a plantearle al Consell la devolución del importe a partir de un descuento en las deudas pendientes de pago que en ese momento la Generalitat tuviera con la institución provincial.
Desde la Avenida de la Estación tampoco se olvidan a la hora de prever posibles deudas del convenio firmado con la Generalitat Valenciana durante la etapa de José Joaquín Ripoll en el año 2010 mediante el cual el gobierno autonómico se comprometía a abonar 18 millones de euros por cofinanciar la construcción del Auditorio Provincial de Alicante -la mitad del presupuesto planteado inicialmente-, un proyecto que finalmente costó más de 70 millones. El citado convenio, que desarrollaba un protocolo de intenciones firmado en 2005, se anunció por los representantes de ambas instituciones: el exvicepresidente y exconseller de Hacienda, Gerardo Camps, y el otrora presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll.
