El juez instructor del caso Imelsa ha decidido abrir una pieza separada por las contrataciones ficticias de la Diputación de Valencia e investigar (imputar) a 28 personas por estos hechos, entre ellas al expresidente de la institución y del PP de la provincia Alfonso Rus.
En esta nueva pieza separada se investigan los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental, según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Entre los investigados hay quince empleados que cobraban sin trabajar y ocho que percibieron indemnizaciones «innecesarias» y «arbitrarias» a costa del erario público, añade el TSJCV. Asimismo, el instructor ha acordado prorrogar el secreto de la pieza principal en la que se investigan adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.
Esta nueva pieza se tramitará de manera independiente a la pieza principal que investiga el supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas, y a la otra pieza separada relativa a un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia. Entre los investigados en la nueva pieza figuran, además de Alfonso Rus, su exjefe de gabinete Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad, y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.
Existen sospechas de que pudiera haber algún tipo de «maquinación concertada» entre la empresa y algunos trabajadores para que éstos cobraran elevadas indemnizaciones con fondos públicos.
