La Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de cárcel para el expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía Juan Cotino por impulsar «activamente» la contratación para la trama Gürtel de las pantallas y megafonía empleadas con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

En el escrito de 83 páginas en el que solicita la apertura de juicio oral para Cotino y otras 22 personas, Anticorrupción reclama también la máxima pena (40 años de prisión) para el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno por estos mismos hechos.

Además solicita penas elevadas para los responsables del entramado de empresas de Gürtel, el llamado grupo Correa: Francisco Correa (38 años y 3 meses), Pablo Crespo (37 años y 3 meses), Álvaro Pérez, «El Bigotes», (37 años y 3 meses), y José Ramón Blanco Balín (18 años). Según la Fiscalía, Cotino «pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación» de las pantallas y megafonía utilizadas en la visita del Papa Benedicto XVI.

«El mecanismo ideado y utilizado por los acusados para que RTVV, fuera de su labor informativa y de retransmisión del evento, asumiera formalmente este gasto», que supuso «un ilícito desembolso de 7.493.600 euros» y permitió «el enriquecimiento» de los miembros del llamado grupo Correa, fue un convenio entre la televisión valenciana y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. Esta fundación estaba integrada por el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia. El instructor apunta que la red Gürtel aprovechó la visita del Pontífice para conseguir la adjudicación ilícita de más contratos públicos para su enriquecimiento personal.

Según el fiscal, Cotino, «El Bigotes», Crespo, Correa y Gimeno acordaron y planificaron de común acuerdo atribuir a RTVV el coste de ese contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido «para apoderarse directamente de los fondos públicos» de la televisión valenciana a los que su entonces director «tenía más fácil acceso».

De este modo, según expone el escrito de calificación del fiscal, Gimeno logró «sustraer fondos públicos» de la RTVV por un total de 3,3 millones de euros, que se repartió con Correa, Crespo, «El Bigotes» y Blanco Balín, sostiene.

El servicio fue adjudicado sin mediar publicidad a la empresa Teconsa, una sociedad instrumental del grupo Correa, «con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios». Esta adjudicación irregular fue posible gracias a «la voluntaria y consciente actuación» de empleados de RTVV a los que también acusa la Fiscalía: Ricardo Calatayud, Luis Sabater Balaguer, Antonio de la Viuda, Juan Prefaci, Encarnación Pérez, José Llorca, Vicente Sanz y Salvador Benjamín Íñiguez.

Una vez obtenida la competencia para prestar este servicio «por servicios cuyo precio sería muy inferior al abonado por RTVV» (Teconsa terminó subcontratando a tres empresas que colocaron las pantallas por 2.994.200 euros), se adjudicó otro contrato de personal de seguridad para la vigilancia de estructura, sonido y material de pantallas» a otra sociedad instrumental del grupo Correa (Apogee).

Esto permitió también sustraer fondos de la televisión valenciana por un total de 99.761 euros «por servicios que nunca fueron prestados». Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción considera que Cotino y los responsables de la RTVV incurrieron en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y cohecho; mientras que a los integrantes del grupo Correa les considera también responsables de los delitos de asociación ilícita.