¿Y si el exconseller encarcelado se librara de devolver parte de los fondos de Cooperación Internacional saqueados? Podría pasar, tal como ha ido evolucionando el caso tras la condena a Rafael Blasco, aunque no parece fácil dadas las cantidades a devolver (más de dos millones de euros). No obstante, al Consell de Ximo Puig le preocupa y ha decidido adelantarse a los acontecimientos. Por lo que pueda pasar y lo que representaría de mensaje a la sociedad.

La Abogacía de la Generalitat ha instado al Tribunal de Cuentas a ejecutar provisionalmente la sentencia de noviembre que condenó a Blasco y a otros cinco culpables del caso Cooperación a reintegrar a la Administración autonómica el dinero desviado de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía (más de 1,6 millones) además de intereses.

La resolución del citado órgano fue recurrida por el exconseller y el resto de afectados en febrero de este año, lo que paralizó la recuperación del capital detraído de las ayudas al Tercer Mundo. Sin embargo, esta circunstancia no se da con las empresas también condenadas por los hechos citados, de las que ya se ha empezado a recuperar fondos. Incluso está en marcha la subasta de algunos de sus bienes con este fin.

Si todo el patrimonio de las sociedades (la Fundación Cyes y Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL) y de los condenados que no son altos cargos ni funcionarios sumara la cantidad estimada por el Tribunal del Cuentas, sucedería que el otrora todopoderoso conseller y portavoz parlamentario del PPCV no vería afectado su bolsillo. Es lo que el Ejecutivo valenciano quiere impedir ahora con la petición al Tribunal de Cuentas de la ejecución provisional de la sentencia. Por ello, y como «no conoce bienes suficientes del demandado para cumplir con el fin de la ejecución», reclama además investigar su patrimonio.

Insta así a recabar de ellos una relación de los bienes que poseen para cubrir la indemnización requerida. Y urge a que la Agencia Tributaria informe sobre las cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de algunos de ellos: Blasco o Alexandre Català, secretario general de la conselleria. La cantidad total reclamada surge de los 1.623.819,86 euros que el Tribunal de Cuentas cifró como daño causado a la Conselleria por la actuación de los implicados.