El Tribunal Constitucional ya ratificó hace ahora casi 30 años la Ley de Coordinación de las diputaciones, el texto legal que sustenta el decreto del Consell para controlar la gestión turística y deportiva que ejercen las tres corporaciones provinciales de la Comunidad. Alianza Popular, la formación de la que con posterioridad nació el PP, ya intentó paralizar, como ahora trata de hacer la Diputación de Alicante y el Gobierno de Mariano Rajoy, esa normativa. Los populares fracasaron entonces en su intento de frenar la iniciativa de la Generalitat, entonces presidida por el socialista Joan Lerma, en el Constitucional. El tribunal avaló casi todo el texto y únicamente obligó a la anulación de dos párrafos del artículo 12, según consta en la resolución judicial que data del 27 de febrero de 1987. El resto de los apartados, utilizados para emitir los dos decretos hasta ahora aprobados por el Consell, quedaron habilitados.
En octubre de 1983, las Cortes aprobaron la Ley de Coordinación de las diputaciones. Apenas tres meses después, en enero de 1984, un grupo de 52 senadores de Alianza Popular presentó un recurso ante el Constitucional contra parte los artículos clave de ese texto legal. De haber aceptado los jueces la mayor parte de la argumentación de los populares, la resolución hubiera supuesto tumbar casi por completo la columna vertebral de la normativa que impulsaron los socialistas. Justo tres años después, el 27 de febrero de 1987, el Tribunal Constitucional en una extensa sentencia de más de 30 páginas, únicamente declara al margen de la Carta Magna dos párrafos de uno de los artículos mientras que desestima el resto de la impugnación que registró la entonces Alianza Popular que lideraba Manuel Fraga y que, en el congreso celebrado en Sevilla en 1989, se convirtió en el PP.
La resolución judicial es prolija y, por ejemplo, avala la función de control de las competencias de las diputaciones por parte del Consell, la «congruencia» de objetivos en la gestión entre las diferentes administraciones e, incluso, la «unión» de los presupuestos. La normativa, sin embargo y después de recibir el visto bueno del Constitucional, se quedó sin aplicarse. Ni en la recta final de los gobiernos socialistas ni tampoco durante las dos décadas de gestión del PP. Ni fue desplegada a través de los correspondientes decretos. Ni tampoco fue derogada. Dirigentes del PP que fueron altos cargos de la Generalitat admiten que ni conocían su existencia. Lo cierto, sin embargo, es que nunca necesitaron aplicarlo: controlaban las tres diputaciones a placer.
El documento durmió el sueño de los justos durante treinta años hasta que la coalición de los socialistas y Compromís con el tándem formado por Ximo Puig y Mónica Oltra llegó a la Generalitat. De momento, se han aprobado los decretos de coordinación de turismo y deporte. Habrán más. La Diputación y el Gobierno han abierto una batalla jurídica que, con esta resolución de 1987, parece decantarse hacia los intereses de la Generalitat.
