Los altos cargos de la Generalitat tendrán que firmar en el futuro, antes de tomar posesión del cargo, un Código de Buen Gobierno que será de obligado cumplimiento para los miembros del Consell, los altos cargos y el sector público para «impregnar a la Generalitat de una ética pública positiva».

Así lo trasladó ayer el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, tras el pleno del Consell en el que se aprobó el decreto con este Código, del que dijo es, probablemente, el «más avanzado y desarrollado de los que existen en España», y al que se han adherido ya los consellers. En aplicación del mismo, los políticos no podrán instalar placas conmemorativas que hagan referencia a su trabajo como cargo público, ni inaugurar obras inacabadas o servicios que no estén en funcionamiento, mientras que deberán hacer «un uso responsable» de las redes sociales y se les prohíbe tener cuentas en paraísos fiscalesparaísos fiscales. Además, se establece que los altos cargos no estarán obligados a participar en actos religiosos y su asistencia será a título individual, si bien las instituciones se deberán abstener de participar en las presidencias de los actos religiosos, con posibles excepciones en casos de actos con valor cultural.

En cuanto a la lengua propia, deben asumir el compromiso social con la normalización del valenciano, con el fin de extender su uso y conocimiento, por lo que en sus comunicaciones fomentarán el valenciano y respetarán la normativa lingüística de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Los altos cargos ya nombrados dispondrán de un mes como máximo para adherirse obligatoriamente a este Código, mientras que tendrán que presentar en tres meses una nueva declaración de actividades, bienes e ingresos, adaptada a este contenido. El texto prohíbe asimismo aceptar la condonación de deudas bancarias, préstamos a interés cero o privilegiado, y el uso habitual gratuito de servicios o instalaciones en las que exista un régimen habitual de pago, cuando se trate de condiciones ofrecidas por razón del cargo. También se contempla la devolución de regalos que vayan más allá de la cortesía habitual, la retirada de los reconocimientos conmemorativos otorgados a personas que sean condenadas en sentencia firme, y que se posibilite el uso de productos autóctonos valencianos y de comercio justo en los actos públicos. Para el uso adecuado de los recursos públicos, los altos cargos «extremarán la austeridad» en sus desplazamientos, donde podrán compatibilizar el vehículo oficial con el transporte público, y cuando viajen fuera de la Comunidad deberán hacerlo en clase turista y con los acompañantes «estrictamente necesarios».

Tampoco se olvida el texto de la relación con los medios de comunicación, y establece que se facilitará el trabajo de los profesionales de la información. «No se trata de imponer éticas particulares, sino de recoger lo que son éticas mayoritarias en la sociedad valenciana», explicó ayer Alcaraz, quien dijo que se abre la posibilidad de que Ayuntamientos y Universidades públicas se puedan suscribir a esta norma o a algunas partes.