El grupo provincial de Compromís pidió ayer la dimisión del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y anunció que trasladará a la Fiscalía la aprobación en el pleno provincial de unas ayudas directas por dos millones de euros para la reforma de la N-332 al paso por Calpe, pueblo del que es alcalde, y cuyas obras afectan a unos terrenos expropiados a su suegra. Compromís indicó que será la Fiscalía de Alicante la que investigue si de la participación de Sánchez en la votación del pasado miércoles se deriva alguna «relevancia penal», al aprobar un proyecto sobre terrenos de su suegra, a la que habrá que permutar los terrenos. Anunció que «impugnará» el acuerdo del pleno que otorgaba la adjudicación ya que existen «condiciones para su anulabilidad por vicios en el consentimiento e incluso vicios de nulidad absoluta por conexión con un posible delito». Las parcelas con que se compensaría a la empresa Paviota S.L, -perteneciente a su suegra- en caso de realizarse las obras antes de 2019 «corresponderían al mismo Polígono de Pou Roig en el que se encuentran las actuales parcelas y en su conjunto vería mejorada su situación urbanística», explicó Compromís.

El portavoz del grupo socialista de la Diputación, Jose Chulvi, sostuvo ayer que su grupo también está estudiando esta ayuda con los servicios jurídicos.

El presidente de la Diputación y alcalde de Calp respondió ante la petición de dimisión que él es «una figura política incómoda para el Consell». «Yo no decido por dónde pasa la carretera ni dónde se tiene que ubicar. Quienes han decidido dónde se ubican son los profesionales técnicos de la Generalitat Valenciana a través de un estudio de planeamiento, y los del Ministerio de Fomento», explicó. Según su argumentación «no hay incompatibilidad ninguna por mi parte en la votación favorable que en el pleno del miércoles dio salida a la aprobación de la obra de mejora de seguri?dad, movilidad y accesibilidad de las urbanizaciones de Calp y partidas rurales de Benissa», insistió, y añadió que no vulnera la Ley de Procedim?iento Administrativo porque los terrenos que contempla el proyecto son del ayuntamiento calpino y no de un particular, por lo que no hay relación de consanguinidad alguna».