A un mes de su prescripción, el magistrado que investiga el proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa, César Martínez, continúa sin pronunciarse sobre la declaración de complejidad de la causa. Un planteamiento que hace meses puso sobre la mesa del instructor el fiscal Felipe Briones, que han apoyado las dos acusaciones populares que se ejercen en hombre de EU y el PSOE, al que se han opuesto las defensas y que, de acordarlo el juez, supondría la ampliación automática del instrucción en 18 meses prorrogables por el mismo periodo tiempo si fuera preciso. En caso contrario, el asunto prescribiría el próximo 6 de junio en virtud de los cambios introducidos por el Gobierno en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner límites a las investigaciones judiciales.
En el asunto de Rabasa se trata de una instrucción que arrancó en 2012 previa denuncia de EU, por la que ya han pasado cuatro jueces y en la que están imputados (ahora investigados) la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz, el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y los técnicos municipales Isabel Campos y José Luis Ortuño, quien fue citado como testigo pero acabó declarando como imputado. A todos ellos se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su intervención en la tramitación de un plan urbanístico que preveía construir más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad junto a un futuro centro de la multinacional sueca Ikea.
Pendientes quedaron, y siguen, las comparecencias de los técnicos de Fomento Enrique Peiró y Francisco Javier Criado, citados inicialmente como imputados y a quienes no se les ha vuelto a llamar después de que se suspendieran su citaciones.
Pero la declaración o no de complejidad de la causa no es único asunto sobre el que el magistrado no se ha pronunciado en el marco de este proceso. Tampoco lo ha hecho la petición concreta de EU de que Peiró sea citado a declarar en calidad de investigado ni al planteamiento de Briones de que comparezca ante el magistrado la cúpula de Ikea, quienes pretende que testifiquen como testigos, algo que también ha apoyado el resto de acusaciones.
Mejor suerte no han corrido las defensas, a cuyos escritos tampoco ha dado respuesta el magistrado. Tal es el caso de varias peticiones de sobreseimiento planteadas por los abogados de Ortuño o de los técnicos de Fomento, entre otros. O la solicitud de los abogados de Castedo para que se concretara en este momento las actuaciones de la exregidora en que se basa su imputación por prevaricación.
