El cara a cara vía videoconferencia que mantuvieron el jueves por la tarde el titular de la Conselleria de Hacienda, Vicent Soler, y la secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, evidenció el callejón sin salida en el que se encuentra el Ejecutivo de Ximo Puig aunque la razón esté de su lado y así se lo reconozca la otra parte. Beteta, mano derecha de Montoro en el ministerio, admitió delante de Soler y su equipo (con él estaban la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el responsable de Presupuestos, José Moreno) que la Comunidad Valenciana está maltratada financieramente, si bien mantuvo que nada puede hacer al respecto, ya que el Gobierno se encuentra en funciones. Ahora bien, el secretario de Estado reiteró al conseller que debe ejecutar el acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida que en la práctica supondrá un tijeretazo en toda regla de las cuentas públicas.
Fuentes conocedoras de este peculiar contacto visual con los hombres de negro de Montoro (con Beteta estaba la secretaria general de coordinación autonómica, Rosa Navarro, y el subdirector de análisis presupuestario, Andrés de la Fuente ) indicaron que el conseller se mostró firme en la negativa del Ejecutivo a atender el ultimátum. El argumento que se expuso es de sobra conocido: no existe un problema de gastos, sino de ingresos y la clave del agujero es una financiación deficitaria que se arrastra prácticamente desde el inicio de la legislatura. Soler, que reivindicó también el saneamiento contable realizado en las cuentas, insistió en que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta, ya que justifica por qué el Consell no ha podido cumplir el objetivo de déficit y por qué es inviable un tijeretazo.
Beteta, según las citadas fuentes, reconoció que la situación es complicada y que la infrafinanciación es un hecho cierto y reconocido, pero mantuvo que nada podía hacer al respecto, ya que el Gobierno estaba en funciones. Eso sí, si tenía fuerza jurídica para reclamarle el ajuste que pide Bruselas. La posición de Beteta dejó ojipláticos a los presentes dado que el Gobierno del PP ha tenido más dos años para trabajar en el cambio del sistema. El ultimátum de Montoro sigue pues en vigor, si bien la exigencia se ha rebajado al ampliarse el margen de déficit para este año en cuatro décimas: del 0,4 al 0,7%. El ministerio dio una semana más al Ejecutivo para preparar el recorte.
