«En aras de preservar los intereses de los valencianos, te traslado que la Generalitat adoptará las medidas necesarias para una inejecución en el presupuesto de gastos por importe de 78 millones». Con estas palabras, comunicó el Consell ayer por carta al ministro Cristóbal Montoro su intención de ceder ante el ultimátum dado desde Hacienda y ejecutar el ajuste exigido como castigo por haber superado el límite de endeudamiento de 2015. Se trata del último párrafo de una carta de dos páginas en la que el conseller Vicent Soler recuerda al ministro que «la Comunitat Valenciana tiene un claro compromiso con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», pero se encuentra «en una situación singular en materia de infrafinanciación autonómica». El compromiso de recorte de gasto de 78 millones no cumple, sin embargo, con las expectativas del ministerio. Es por ello que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, manifestó ayer después del Pleno que el ejecutivo valenciano estaría dispuesto a negociar un recorte de hasta 170 millones de euros. 92 millones más que los puestos por escrito.
Oltra enfada a Montoro
Esta cifra no fue la única cosa que dijo la vicepresidenta, quien mostró su «absoluta indignación» ante las condiciones planteadas por Montoro, a las que tachó de «chantaje intolerable». «No vamos a recortar ni un céntimo en servicios públicos básicos», advirtió Oltra, que matizó que los 170 millones de recorte «irán a cargo de aplazamientos de pago a grandes empresas suministradoras de la Generalitat, grandes contratos millonarios», especificó.
Fue esta última amenaza la que acabó con la tregua que el jueves por la tarde parecieron firmar los responsables de Hacienda y la que desató la ira del ministro.
«Los proveedores tienen asegurado el cobro de sus facturas y ninguno de ellos se quedará sin cobrar. Si el Gobierno valenciano no cumpliera con lo que marca la ley, el Estado español se haría cargo del pago de las facturas con sus proveedores, con la consiguiente retención de fondos autonómicos». Así de contundente respondía horas después el departamento de Hacienda en un comunicado a las palabras de Oltra.
Se trata de una medida que el departamento que dirige Cristóbal Montoro ya aplica en Extremadura y Aragón donde es el gobierno central quien paga las facturas a los proveedores, para luego retener los fondos del FLA a estas comunidades. En definitiva, una intervención parcial tanto de la gestión como de las cuentas.
En el Consejo de Política Fiscal del pasado miércoles, Hacienda concedió un plazo de 24 horas al Gobierno valenciano para presentar un nuevo plan de ajuste que limite el gasto en la Comunitat Valenciana. La misiva enviada ayer por el ejecutivo valenciano al ministerio no cumple con las exigencia de Montoro, pero contiene el compromiso verbal del conseller Soler de hacerle llegar la próxima semana las medidas que tiene pensado poner en práctica. De momento, desde el ministerio de Hacienda ya han dejado claras dos cosas: El grifo del dinero está en Madrid y el pago a proveedores es sagrado. Así lo indica la Unión Europea.
