Preservar la seguridad fue uno de los argumentos clave utilizados por el Consell de Zaplana para negar a la oposición toda la información que solicitó en las Cortes. El vicepresidente José Luis Olivas utilizó ese recurso también para justificar la contratación del que había sido chófer del presidente, Salvador Gil, que fue colocado como casero de las instalaciones junto con su esposa. Alguien de confianza garantizaba, en principio, la seguridad y, sobre todo, la discreción a la hora de no revelar la identidad de los presuntos visitantes ilustres del chalé. Fueran o no conocidos.

Al margen de Gil, al que le pagaban 30.000 euros anuales, los servicios de seguridad corrieron a cargo de una empresa externa. El primer contrato para cubrir la vigilancia del recinto establecía una facturación mensual. En octubre de 1999, se pagaron 6.280 euros por esos servicios, en el mes de noviembre, 7.961 euros, y en diciembre la factura se elevó a 8.226. Con cantidades distintas, en el tiempo en el que el Casal d'Ifac estuvo activo, la minuta mensual por la seguridad se situó habitualmente por encima de los 8.000 euros. En enero de 2000, se pagaron 8.226 y en octubre de ese año, por ejemplo, 8.465.

El edificio fue dotado con dispositivos para el control de los accesos y vigilancia. Un total de ocho cámaras recogían los movimientos en la parcela y el perímetro del recinto. Se instaló una centralita de control del circuito interno que costó más de cinco mil euros.

La limpieza y el mantenimiento de todas las dependencias, el chalé y el edificio anexo multifuncional que fue utilizado en la corta experiencia como parte de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Turístico (CDT) suponía un desembolso de 501 euros mensuales.