El juez embarga una cuenta del Partido Popular en Valencia por el «caso Taula»

El magistrado solicita la identidad de las personas autorizadas en la libreta usada en la última campaña de 2015

04.05.2016 | 00:44
La exalcaldesa Rita Barberá, durante la última convocatoria del pleno del Senado.

La decisión se produce a las puertas de la repetición de las generales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del «Caso Imelsa», un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha ordenado la intervención de la cuenta bancaria abierta a nombre del Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia. Según ha podido saber este periódico, la cuenta embargada no es la cuenta oficial del Grupo Popular, sino una cuenta en la que se ingresaron los 60 euros de la cuota mensual de todos los cargos públicos y los 1.000 euros antes referidos, que tenían como destino la financiación de la campaña municipal de mayo de 2015. Su existencia la reveló la propia secretaria del Grupo Popular, Carmen García-Fuster, que es el eje de toda esta operación.
El magistrado, en su auto, requiere al banco para que comunique el saldo actual de dicha cuenta, para que precise la identidad de las personas autorizadas y para que impida «la realización de actos de disposición con cargo a la misma». El juez rechaza la petición del fiscal para que se intervenga otra cuenta, la que está a nombre de uno de los investigados para gestionar los ingresos procedentes de la lotería. «No se aprecian motivos, de momento, con relación a la presente causa y delito investigado, para la intervención de la citada cuenta», explica el juez en una providencia en la que, sin embargo, solicita a la entidad bancaria la relación de movimientos registrados desde la apertura de dicha cuenta.
De la existencia de esta cuenta podría derivarse también la existencia de un delito electoral, que es una línea propuesta por el fiscal anticorrupción y secundada por el grupo municipal de Compromís en una denuncia posterior. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El PSPV propondrá hoy en la Comisión de Investigación abierta en el ayuntamiento tras la operación Taula la comparecencia de 71 personas, entre ellas la exalcaldesa Rita Barberá y la presidenta regional del partido, Isabel Bonig. Como principales líneas de investigación reclamará los contratos bajo sospecha: la rehabilitación de las Torres de Quart, la de los puentes de Serranos y la Trinitat y la concesión de la Rambleta. Según la concejala socialista, Sandra Gómez, el trabajo de la comisión debe orientarse a «saber qué contratos se firmaron y a cambio de qué. Queremos saber la procedencia y a cambio de qué recibieron donaciones y durante cuánto tiempo», remarcó. Esta situación se produce a las puertas de las próximas elecciones generales.

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