El coordinador entre la Generalitat y las víctimas del accidente del metro del 3 de julio, Enrique de Francisco Enciso, desveló ayer en las Cortes que «en materia de empleo actuamos en 41 familiares» de las víctimas mortales del siniestro de 2006, aseguró en respuesta al diputado del PP Alfredo Castelló. Unas gestiones por parte de la Generalitat que fueron variadas y variopintas, según desveló De Francisco. Desde «cambiar el lugar de trabajo a un familiar que era funcionario y se veía obligado a coger cada día el metro y le provocaba mucho miedo» a «cambiar un contrato temporal en otro indefinido en una empresa privada» y otros «trabajos en Valencia y Torrent».
La diferencia, abismal, es que en Torrent el equipo de gobierno que gestionó la tragedia (20 de las 43 víctimas vivían en esta localidad) informó de las gestiones y ayudas a las familias al resto de partidos. Pero las gestiones realizadas desde la Generalitat han permanecido hasta ayer inéditas y secretas, como ha denunciado con denuedo la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j). Una situación que pretenden cambiar mediante la creación de una oficina que centralice la atención a víctimas de accidentes y donde «todos los ofrecimientos sean públicos». Porque las víctimas del metro siempre han denunciado que estos ofrecimientos de trabajo siempre iban acompañados del «interés» por parte de la Generalitat sobre la personación de cada familia en la causa penal que investiga el accidente o de «sugerencias» para que desistieran de secundar las denuncias. Unos ofrecimientos que algunos familiares achacan al entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino, a quien De Francisco restó protagonismo. «Cotino no tenía un papel predominante con las víctimas, era yo», respondió a la diputada Isaura Navarro (Compromís). A pesar de que minutos antes había reconocido a Antonio Subiela (Ciudadanos) que tras ser designado como «encargado de atención a las familias», el 5 de julio de 2006, «llamamos a todas las familias para darles mi teléfono y el de Juan Cotino». Una implicación que De Francisco justificó en el hecho de que «Cotino tenía más disposición que el resto del gobierno en interesarse más» y por «su cercanía y humanidad». Aunque admitió que «no sé qué hacía el señor Cotino cuando visitaba a las familias». Sin embargo defendió las buenas intenciones del Consell en todas las gestiones: «Si creen que actuamos con intención espúrea están completamente equivocados. No fuimos con intención de acallar ni de engañar. Ni las familias son tan tontas de dejarse engañar», defendió el ex alto cargo del Consell, médico forense de profesión.
