El chalé de 730 metros cuadrados en dos plantas, sembrado en una parcela de 6.456 metros en la ladera norte del Peñón de Ifach y con vistas a la bahía, fue etiquetado por el Consell de Zaplana como «Residencia para invitados ilustres de la Generalitat». Iba a ser un hotel público para quienes visitaran la nueva Comunidad que estaba alicatando el PP. Ni como mansión VIP ni como Centro de Desarrollo Turístico (CDT) para cursos de cocina se hizo un hueco un inmueble cuyo uso real nunca se aclaró, pero que no tuvo apenas actividad pública. Tampoco se supo el coste de adquisición a una particular ni el dinero exacto que se invirtió para acondicionarlo. Pues en total fueron 4,6 millones de euros públicos los que se gastaron entre la compra del inmueble, su remodelación y equipamiento para convertirlo en supuesto hotel para visitas oficiales del Consell y luego CDT.
Documentación que obra en poder de INFORMACIÓN revela que en la compra se invirtieron 373 millones de pesetas del año 1999. El resto, hasta los 4, 6 millones -el equivalente a lo que cuesta la construcción de un colegio- se dedicó a la reforma y equipamiento del chalé. La mayoría del gasto se hizo en la reforma inicial de 1999.
Las obras acometidas antes de la cesión del edificio de la Conselleria de Urbanismo a la Agència Valenciana de Turismo y las afrontadas luego por la entidad que dirigía el benidormí Roc Gregori, incluyeron desde la construcción o rehabilitación de ocho cuartos de baño (uno por dormitorio), a la piscina o la construcción de una pista de pádel, deporte entonces de moda entre los políticos populares. La factura de obra y equipamiento, incluida la ligera reforma para acoger unos cursos de cocina, costó 2,4 millones. Hoy el inmueble lleva diez años abandonado y presenta un notable estado de deterioro. La casa es una ruina. Las instalaciones han sido objeto también de robos y pillaje.
«Para ampliar el parque». El chalé se escrituró a nombre de la Generalitat el 27 de abril de 1999. En la notaría de Enrique Robles, en Valencia. Comparecieron la parte vendedora, Matilde Ivars, y la entonces directora general de Tributos, Araceli Muñoz, por el Consell.
El trato se había cerrado al más alto nivel y sellado en un convenio, de 7 de enero de ese año, rubricado por el mismísimo presidente Eduardo Zaplana, el vicepresidente José Luis Olivas y el subsecretario de Urbanismo, Fernando Modrego. Un despliegue que retrata la importancia que se dio a la compra.
El documento recogía el acuerdo del Consell de 16 de noviembre de 1998 en el que se decidía incorporar al patrimonio público la parcela del chalé y otras tres, que conformaban un total de 33.000 metros cuadrados, de los que 26.009 pertenecían a Edificaciones Calpe, del constructor Andrés Ballester, entonces muy activo por La Marina. Los terrenos, anexos al parque natural, fueron catalogados como suelo no urbanizable de especial protección paisajística y medioambiental en la resolución de Urbanismo de 11 de abril de 1995 en la que se consagraba la reforma del PGOU de Calp. Incluidos en la Unidad de Ejecución 3 del Plan Parcial 2 de Calp, entre los que se encontraba el chalé, habían perdido así buena parte de su valor, lo que llevó a los propietarios a presentar un contencioso-administrativo en el que se solicitaba además indemnización por daños y perjuicios.
Tras una primera sentencia favorable del TSJ, en diciembre de 1997, y una propuesta de venta presentada por Andrés Ballester, la Generalitat accedió a la pretensión y formalizó la compra a Edificaciones Calpe por 1.529 millones de pesetas y a la dueña del chalé por los citados 373 millones. El resto, hasta los 1.913 de la operación total, fue a parar a otros tres propietarios de pequeñas parcelas.
600.000 euros por adelantado. La Generalitat justificó «el interés público y social» de la operación inmobiliaria por razones medioambientales. La compra está «sobradamente justificada en orden a la protección y ampliación del Peñón de Ifach siendo necesario para llevar a cabo las actuaciones mencionadas que la propiedad de terrenos pase a titularidad pública», decía el convenio. La propietaria del chalé cobró 100 millones de pesetas por adelantado y el resto a partir de cuando se firmó la escritura.
En el acuerdo de venta, el que rubricó Zaplana, los dueños de los terrenos renunciaban a cualquier acción legal o judicial contra la reclasificación de suelo de 1995 que había mermado sus intereses, así como a la petición de ejecución de las sentencias del TSJ de diciembre de 1997 y mayo de 1998 en las que se les daba la razón en su recurso contra aquella medida.
La expropietaria se declaró «plenamente compensada de daños y perjuicios» con la cantidad cobrada por la venta. Los terrenos fueron adquiridos por esta particular en 1982 a la sociedad Spanish Development Company, según ha podido comprobar este diario en el Registro de la Propiedad. Entonces eran 7.814 metros de secano no reparcelados. El paso del tiempo evidenció que el interés real poco tenía que ver con ampliar el parque. La ampliación y reforma que se llevo a cabo y en tiempo récord fue la de la propia vivienda de 730 metros y un módulo separado de la casa principal. En las obras no se escatimaron recursos. La mayor de las facturas de certificación de obra ascendía a 489.234 euros, sin incluir partidas suculentas como los 69.329 euros que se dedicaron a la remodelación de la piscina ni tampoco los 57.344 que costó la pista de pádel para supuesto disfrute de los «residentes ilustres». La instalación eléctrica para la piscina y el pádel costó 224.527 euros.
Nunca se desveló el registro de invitados. La oposición lo reclamó en balde en las Cortes. Los motivos de seguridad fueron el manto argumental con el que se cubrió de opacidad cualquier iniciativa relacionada con el Casal de Ifach.
Conductor de confianza. Los inquilinos que allí moraron con conocimiento público fueron los caseros Salvador Gil y su esposa, Henriette Van Krimpen. Gil había sido conductor oficial de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat hasta que tuvo que dejar el volante al declararse ilegal que ocupara una plaza como personal de confianza cuando el puesto está reservado a empleados de la Generalitat. Zaplana, que nunca dejó tirado a un amigo, lo recolocó como responsable del Casal de Ifach.
El vicepresidente Olivas y el director de la Agència de Turisme, Roc Gregori, subrayaron que se requería una persona de confianza. Gil lo era de Zaplana. En la relación de puestos de trabajo de la Agència de Turisme se catalogaba la plaza como de titulado superior, puesto para grupo A, correspondiente a licenciados, ahora graduados.
Gil y su esposa sólo tenían el certificado de escolaridad. Por eso el TSJ ratificó la sentencia de nulidad de esas contrataciones dictada por un juez de lo contencioso-administrativo a raíz del recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos de UGT, que ya había logrado apartar a Gil del puesto de conductor. El TSJ no accedió a la petición de que el matrimonio devolviera los sueldos cobrados de forma ilegal, como pedía UGT, al entender que en ese caso la Generalitat habría sido beneficiaria del llamado enriquecimiento injusto.
El Consell admitió el fiasco. La cesión del edificio de Urbanismo a Turismo se firmó el 25 de enero de 2000. Prorrogable cada año hasta un máximo de 50. Apenas tuvo un leve uso para actividades del CDT. De hecho, en 2002 se realizaron obras por 21.870 euros para habilitar un aula de cocina. Pero, desalojados Gil y su esposa, tras la marcha de Zaplana a Madrid y con Francisco Camps de presidente el edificio quedó abandonado.
La Generalitat admitió el fiasco. Por escrito. Así, el 19 de noviembre de 2009, Medio Ambiente, con Juan Cotino, solicitó a Turismo la devolución del chalé. «Habida cuenta de que está cerrado no destinándose al uso para el que fue autorizado y resultando innecesario para cumplir los fines de la Agencia de Turismo se solicita la rescisión de la autorización y la reversión del uso» a Medio Ambiente, Agua y Urbanismo. El 21 de enero de 2010, Cotino firmó la recuperación del chalé.
