La Conselleria de Hacienda ha abierto un expediente a Salvador Hernándiz, interventor general de la Generalitat en la época de Francisco Camps y Eduardo Zaplana, por las irregularidades en las estadísticas del déficit que llevaron a la imposición de una multa de 18,9 millones de la Unión Europea al Gobierno de España. Hernándiz fue destituido por Alberto Fabra en 2012 tras ser imputado por la presunta filtración del informe del llamado «caso Cooperación».
El conseller Vicent Soler firmó el 16 de febrero una resolución en la que se admite a trámite una reclamación formulada por Iago Mejuto, presidente de la Asociación de Apoyo a la Instauración del Jurado Público y a la no Indefensión del Ciudadano Lego (Ajura). La entidad presentó un extenso y documentado escrito al Consell, en el que demanda la «apertura de un procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial» contra Hernándiz. Desde la Generalitat confirmaron ayer a este diario que ya se han iniciado las pertinentes diligencias y se ha requerido diversa documentación a otras administraciones, como el Gobierno central.
Al parecer, en un primer momento las intenciones de la Conselleria de Hacienda pasaban por conocer el dictamen sobre el recurso presentado por el Ejecutivo nacional ante el tribunal de justicia de la UE antes de iniciar cualquier movimiento. Sin embargo, la llegada de una reclamación por parte de una entidad ciudadana les ha llevado a iniciar el expediente contra el exinterventor general «para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos». En la propuesta, desde Ajura recuerdan que «la Comisión Europea, en informe de 7 de mayo de 2015, concluyó que la Intervención General de la Generalitat incurrió en negligencia grave por la ausencia del registro de gastos sanitarios y el incumplimiento de devengo en las cuentas nacionales, lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público a España». A su vez, destacan que «resultó obvio que la Intervención General de la Generalitat había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales durante muchos años».
Defraudados dos veces
Otro de los ejes centrales de la argumentación de Ajura se centra en quién concurrirá en el pago de la sanción económica. Explican que ha de pagarla el Estado o la Comunidad Valenciana y se hará a través de impuestos sufragados por los contribuyentes: «Hay que considerar que dinero de los sujetos pasivos de los diferentes impuestos han pagado al Erario Público, ha sido utilizado para falsear la contabilidad nacional y, además, han de pagar más impuestos para sufragar la sanción impuesta. Todo sujeto pasivo ha sido defraudado dos veces», apuntan. Por todo ello, solicitan el procedimiento de apertura de responsabilidad patrimonial contra Salvador Hernándiz «sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación aparezcan hechos que impliquen a otras autoridades o funcionarios, en cuyo caso se solicitará conforme a la ley».
