La confrontación de la Diputación de Alicante con el Consell en materia turística no se escenificó ayer, únicamente, con el plantón que protagonizaron los diputados alicantinos en la mesa de Valencia, sino que también vino de la mano de las críticas del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, contra la propuesta del gobierno de Ximo Puig de crear un gravamen para el turismo. El dirigente provincial tildó de «auténtica barbaridad» la tasa turística prevista por la Conselleria de Hacienda y, por el contrario, defendió incentivar el sector con un IVA «superreducido». Así lo dijo ayer en una rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo en Castellón, Javier Moliner, para anunciar su recurso contra el decreto autonómico que resta competencias a las diputaciones en materia turística y deportiva. Según Sánchez, «el turismo funciona bien en la provincia y no entiendo por qué hay que poner trabas a lo que funciona bien». Para ello puso como ejemplo los diez millones de viajeros del aeropuerto de Alicante-Elche y que se prevean «cifras record» este año también en ocupación de hoteles y apartamentos.

Respecto a los decretos en materia turística, los presidentes de las dos diputaciones denunciaron que «no tratan de coordinar esas políticas sino de imponerlas» y defendieron que tanto Alicante como Castellón «son dos provincias hermanas » que trabajan en la misma dirección. Los dos recursos contra el decreto del Consell (el de Castellón presentado el pasado día 7 y el de Alicante ayer mismo) se basan en un mismo informe jurídico de la Universitat Jaime I y entienden que lo «prudente» es que el alto tribunal paralice la aplicación de los mismos para evitar que afecten a los presupuestos de ambas diputaciones y se produzca una situación de lucro cesante. «Vamos a plantar cara a la imposición. Hay voluntad de seguir coordinándonos con el Gobierno valenciano pero no bajo engaño o la imposición de unos decretos que no se ajustan a derecho», recalcó Sánchez.