Las diputaciones provinciales de Alicante y Castellón han pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que suspenda provisionalmente la aplicación de los decretos de Política Turística y Deportiva, aprobados recientemente por la Generalitat.

Los presidentes de los gobiernos provinciales de Alicante, César Sánchez, y Castellón, Javier Moliner, ambos del PP, han comparecido conjuntamente en el palacio provincial alicantino para denunciar que los decretos no tratan de "coordinar esas políticas sino de imponer" ante lo cual ambas instituciones tratan de "defender" sus intereses.

"Somos dos provincias hermanas que trabajamos en la misma dirección", ha recalcado Sánchez.

Los dos recursos (el de Castellón presentado el pasado día 7 y el de Alicante hoy) se basan en un mismo informe jurídico de la Universitat Jaime I y entienden que lo "prudente" es que el alto tribunal paralice la aplicación de los decretos para evitar que afecten a los presupuestos de ambas diputaciones y se produzca una situación de lucro cesante.

Además, Sánchez y Moliner han señalado que hoy se ha reunido la Mesa de Coordinación de Política Turística, emanada del decreto y que en palabras del presidente alicantino debería llamarse de "imposición", y han relatado que sus cuatro representantes (dos de Alicante y dos de Castellón de un total de doce) han acudido por lealtad institucional y han comunicado la presentación de los recursos para, a continuación, levantarse y marcharse.

"Vamos a plantar cara a la imposición. Hay voluntad de seguir coordinándonos con el Gobierno valenciano en materias tan importantes como el turismo o los deportes pero no bajo engaño o la imposición de unos decretos que no se ajustan a derecho", ha incidido Sánchez.

"Desde las diputaciones de Alicante y Castellón vamos a defender los intereses de la autonomía e identidad de las provincias, y no vamos a permitir que se recuperen leyes casi del contexto histórico de la preautonomía, de 1983", según Sánchez, para quien el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, reabre "viejos debates".

Por el contrario, ha defendido que se mantenga la coordinación en materia turística que ya venía realizándose desde hacía años, y ha defendido el "consenso, diálogo y la unanimidad" frente a la actual mesa, donde Alicante, pese a representar el 53 por ciento del PIB turístico de la Comunitat, únicamente cuenta con dos sillas de doce: "Nuestro criterio no sirve para nada".

El popular ha recordado que en Benidorm, la Costa Blanca y en Castellón nació el turismo internacional en España en la década de 1950 y que, por lo tanto, la Diputación se propone defender la marca 'Costa Blanca'.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón ha opinado que estos decretos se enmarcan dentro de la estrategia de Puig de querer "controlarlo todo" y también del "anhelo de sus socios de gobierno de quitar los gobiernos provinciales" con el fin de "centralizar el poder" en Valencia.

De la reunión de hoy de la Mesa de Coordinación turística, Moliner ha apuntado que los representantes de Alicante y Castellón no han tenido "más remedio que levantarse" ya que el Consell "esconde bajo la coordinación lo que es una imposición" para que, en la práctica, la intención sea decidir en Valencia qué se hace para que, posteriormente, las diputaciones pongan el dinero.

Ha afirmado que esta estrategia de Puig en perjuicio de las diputaciones va en contra a lo que se hace en el resto de Europa, donde se tiende a descentralizar a favor de los gobiernos provinciales para que se gestione desde la "proximidad".

Según Moliner, para el nacionalismo las diputaciones son un obstáculo que pretenden "diluir", y ha achacado este intento de trasladar el poder de decisión a Valencia en la "ambición política" en el ámbito nacional de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.