La Guardia Civil investiga los dos millones que gastó Ciegsa en bufetes de abogados

Los agentes se preguntan por qué la empresa pública contrataba letrados externos si poseía un despacho propio

26.04.2016 | 01:03
La Guardia Civil investiga los dos millones que gastó Ciegsa en bufetes de abogados

El caso Taula, que se centra en la investigación sobre la financiación ilegal del PP de Valencia ciudad y el saqueo de la empresa pública provincial Imelsa, acabará convirtiéndose en el escándalo Ciegsa conforme los investigadores vayan tirando de la manta y descubriendo el agujero de más de 2.000 millones generado por la empresa de construcción de colegios. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan el dinero que Ciegsa se gastó en bufetes de abogados externos cuando tenía a cuatro personas contratadas en su departamento de servicios jurídicos. En total, según ha podido saber INFORMACIÓN de fuentes de toda solvencia, 2.008.917 euros entre 2001 y 2015. Casi la mitad, 963.495 euros facturados por el valenciano Broseta Abogados.

Fuentes conocedoras de la investigación, que todavía continúa secreta, explicaron que los agentes de la Guardia Civil no dan crédito a la elevada facturación en despachos externos, entre los que destacan a Broseta, cuando había personal contratado de la sociedad para estos trabajos. En concreto cuatro personas con unos sueldos de entre 2.500 y 3.000 euros al mes. Formaba parte de este equipo una de las hijas de Vicente Sanz, el exdirector de RTVV condenado por abusos sexuales a trabajadoras y expresidente provincial del PP de Valencia.

Las mismas fuentes explicaron que estos cuatro empleados de Ciegsa prácticamente no tenían trabajo en la empresa pública ya que todo se contrataba de manera externa. Desde la confección de nóminas, a todo tipo de asesoramiento laboral, fiscal, mercantil y societario e, incluso, servicios de intermediación para la compraventa de la sede. Hubo incluso un pago realizado para «el análisis y estudio sobre las responsabilidades en materia penal del gerente» en el año 2006, cuando la oposición socialista denunciaba ya los sobrecostes y desmanes de Máximo Caturla, ahora investigado y detenido en su día, cuando dirigió la empresa de construcción de colegios entre 2001 y 2007.

Los investigadores están acreditando que los cuatro abogados en nómina de Ciegsa no se utilizaban. De hecho, apuntaron fuentes conocedoras del caso, su servicio a la empresa pública era nulo y se dedicaban a leer la prensa y a dejar pasar las horas en las oficinas. Los investigadores investigan si estas cuatro personas podrían ser también empleados «zombies».

Se disparó con Caturla
Los gastos en despachos de abogados por parte de Ciegsa rondaban los 130.000 euros anuales de media, aunque la llegada de Máximo Caturla a la gerencia disparó el pago por estos servicios. En su primer año, 2004, Caturla pagó 209.925 euros. Posteriormente redujo su partida en 2005 a los 95.580 para gastar 167.625 euros en 2006. El año récord de gasto en estas partidas fue el ejercicio 2007, donde hubo elecciones autonómicas y Francisco Camps renovó la mayoría, con 251.524 euros.

En 2008 y ya sin Caturla al frente de la empresa pública, bajó la contratación de despachos hasta los 216.162 euros. A partir de ese año las peticiones de servicios se redujeron a una media de 120.000 euros anuales y a partir de 2012 las cuantías fueron de 60.669 euros en 2012, 78.391 en 2013, 82.306 en 2014 y sólo 14.401 en 2015.

Toda esta documentación está en poder de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción gracias al registro que los agentes de la UCO realizaron en la sede de Ciegsa el 26 de enero de este año.

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