El coste político de la repetición de las elecciones aún está por determinar, pero el económico es millonario. Si finalmente se confirma este miércoles que los españoles tienen que volver a las urnas el 26 de junio para desatascar el callejón sin salida en el que ha entrado la investidura del presidente de Gobierno, el aumento de la abstención y la erosión de la clase política se da ya por descontado. Incluso es posible que unas nuevas elecciones no resuelvan nada. Además, en lo económico, el gasto de unas elecciones para las arcas públicas y una campaña electoral para las de los partidos, que a su vez reciben aportaciones del Estado por votos y escaños, supone un coste de como mínimo 7,5 millones de euros en la Comunidad Valenciana.
La infraestructura electoral se lleva más de cuatro millones de euros, unos dos millones sólo en la provincia de Valencia, 1,5 en Alicante y 586.000 euros en Castellón. Es la cifra que ofreció la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en las elecciones del 20 de diciembre e incluye la impresión de papeletas, de las actas necesarias para el recuento, el reparto de urnas y cabinas y la colocación de mesas en los colegios electorales.
También hay que contar el coste del personal que se moviliza en la jornada electoral, agentes y miembros de las mesas electorales, así como el transporte de los electores que lo requieran a los colegios. La Delegación del Gobierno moviliza para una jornada electoral a 2.788 representantes del Estado y más de 7.200 policías y guardias civiles. También se movilizarían 1.500 policías locales.
A esos cuatro millones de euros habría que sumar el coste para los partidos de la campaña electoral. No hay antecedentes de una repetición de elecciones generales en la historia reciente de España.
