La clave de la investigación sobre el «pitufeo» cometido por el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia está en acreditar el orígen ilícito del dinero supuestamente blanqueado. Una tarea «más compleja, por la propia naturaleza, opaca, de ese dinero presuntamente aflorado», señala el juez Víctor Gómez en su escrito al Tribunal Supremo. Un posible origen podría ser «la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia» y que se investigan en la causa principal (en la que están imputadas Maria José Alcón y Maria del Carmen García-Fuster). «Aunque son muy anteriores en el tiempo», admite el instructor.

No obstante, el análisis detallado de la libreta de contabilidad que escribía a mano García-Fuster, permitió a los investigadores detectar varias anotaciones de ingresos sospechosas identificadas bajo el epígrafe «CyA». La alter ego de Barberá explicó al magistrado que las siglas identificaba a «colaboradores y allegados» que realizaban donaciones anónimas al partido «durante los periodos electorales» y que ascendieron a 245.450 euros entre 2006 y 2014. Sin embargo, el instructor añade en su escrito al Supremo que también duda de otros ingresos en efectivo anotados bajo las iniciales «CGP» en 2002 y 2003, que suman 66.600 euros más. Por lo que las donaciones ilegales por las que se investigará al PP alcanzarían los 317.050 euros.

El magistrado recuerda que la «cajera del PP» no ha querido «desvelar ni el origen concreto de ese dinero, ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar». Un dato «significativo» para el instructor ya que «en 2003 se recogen cinco ingresos de 11.000 euros de enero a mayo; de noviembre de 2010 a mayo de 2011 [hay] cuatro aportaciones de 29.000 euros y uno de 28.500 euros. Ambos eran años de convocatorias de elecciones municipales y autonómicas en mayo».