El V Encuentro Mundial de las Familias en presencia del Papa Benedicto XVI celebrado en Valencia, mientras la ciudad aún lloraba a las víctimas del metro del 3 de julio de 2006, fue la excusa utilizada por miembros de la Fundación del evento, directivos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la trama Gürtel para obtener mordidas y repartirse comisiones, según un auto del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. El presunto amaño del contrato de la megafonía y retransmisión del evento es el que sentará en el banquillo de los acusados a 23 personas implicados en estos hechos: el exconseller Juan Cotino, la cúpula directiva de RTVV y los cabecillas de la trama Gürtel, según un auto del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

Unas pesquisas que continuarán y se ampliarán respecto a la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para «investigar los posibles delitos que hayan podido cometerse» en todos los contratos que impulsó durante los diez años que estuvo activa. La FVEMF era una fundación sin ánimo de lucro constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia. La junta rectora la conformaban Francisco Camps, Rita Barberá, Víctor Campos y el fallecido arzobispo Agustín García-Gasco. La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ya investiga los contratos de la visita del Papa por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, descubiertos mientras investigaba a la empresa pública Vaersa.

Un «grupo criminal»

Una idea que ahora apuntala el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La visita del Papa fue la excusa perfecta para crear una factoría de mordidas. Pero eso imputa a Juan Cotino, Pedro García (RTVV) y los miembros de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el delito de «asociación ilícita o delincuencia organizada» al conformar un «grupo criminal» para «enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos a través de sus empresas o de terceros previo pago de la correspondiente comisión».

Una alianza que no fue casual. Todos actuaron «de acuerdo a un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas» de las tres cabezas que formaban la asociación ilícita que el juez describe en su auto. «Juan Cotino actuaba como factótum en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), aunque formalmente no ostentaba ningún cargo, manejando desde atrás la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que se asignara a RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación» sobre las pantallas y la megafonía del evento.

Según el juez «Pedro García aguardaba desde su posición como director de RTVV que llegara el "negocio" al ente público que dirigía para armar toda la operativa administrativa ilegal, y adjudicar [los contratos] con extraordinarios sobreprecios (y ganancias ilícitas para todos los integrantes del grupo)». Francisco Correa representaba la «parte empresarial» de esta presunta organización criminal.

Al delito de asociación ilícita, el juez añade los de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad continuada en documento oficial y mercantil, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El auto del juez no es firme y puede recurrirse.