El nuevo Consell cambia el criterio del PP y se persona en la «trama Castellano»

El juzgado investiga a más de 30 personas por la contrata de aviones para la vigilancia y extinción de incendios

19.04.2016 | 01:14
El nuevo Consell cambia el criterio del PP y se persona en la «trama Castellano»

El Consell ha cambiado el criterio de la etapa del PP y ha autorizado ahora a la Abogacía de la Generalitat a personarse en la conocida como «trama del fuego», en la que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) investiga la contratación, por parte del anterior Gobierno del PP, del servicio de aviones para la vigilancia y extinción de incendios forestales en la Comunidad Valenciana, causa en la que el exconseller Serafín Castellano está siendo investigado. Así lo ha informado la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, duranteuna comparecencia en Elche quien, a su vez, ha precisado que la Generalitat considera «conveniente» que los representantes procesales de la Generalitat «sean parte en este procedimiento y busquen el máximo resarcimiento posible para la Administración autonómica».

En esta causa permanecen como investigadas más de 30 personas, entre ellas el exconseller de Justicia y Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo así como tres exaltos cargos de la Generalitat catalana o el empresario de la empresa Avialsa, adjudicataria de las contrataciones públicas.

Un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Udef Central cifra en una cantidad estimada de 163.736,92 euros las prestaciones gratuitas en actividades de caza que habría recibido Serafín Castellano, de las sociedades pertenecientes al grupo Avialsa, que funcionaban como caja única. El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat Valenciana a ejercitar estas acciones, atendiendo al artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula la posibilidad que corresponde a los perjudicados por un delito «de personarse en la causa que se instruye y también a la vista de los posibles tipos penales objeto de investigación judicial».

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