16 de abril de 2016
16.04.2016

El juez investiga si el grupo municipal del PP en Valencia también cometió delito electoral

Requieren el auxilio del Tribunal de Cuentas para investigar aquella desde la que el PP municipal pagó campañas entre 2011 y 2015

16.04.2016 | 01:00
La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en una imagen reciente.

El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el «caso Imelsa» y su derivada por la «Operación Taula» está investigando si el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento cometió un delito electoral por las aportaciones presuntamente irregulares al partido, según confirmaron fuentes conocedoras de la decisión. Asimismo, el magistrado, a petición del fiscal, ha requerido el auxilio del Tribunal de Cuentas para investigar una cuenta desde la que el PP municipal pagó campañas municipales entre los años 2011 y 2015, según las mismas fuentes. De igual modo reclama que se informe por el órgano interventor si la cuenta abierta en su día a nombre del PP en una entidad bancaria era «objeto de control o supervisión contable» por el consistorio.

En una providencia con fecha de este pasado jueves, el magistrado ordena expedir un oficio al Ayuntamiento de Valencia para que remita una relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del PP en la ciudad de Valencia, de la Alcaldía y de Vicealcaldía, «con indicación de la vinculación correspondiente a cada uno de ellos».

Así lo ha decidido en la pieza en la que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en la que están imputadas 47 personas más el propio PP y donde se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

Entre las próximas diligencias pendientes que llevará a cabo el magistrado ha citado a declarar para el 22 de abril como testigo al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, marido de la exedil investigada María José Alcón, investigada tanto en esta pieza como en la principal de Imelsa, que seguirá estando en secreto un mes más, hasta el 14 de mayo.

El 22 de abril también tomará declaración al concejal del PP en el Ayuntamiento Cristóbal Grau y a tres trabajadores del grupo popular en el consistorio, todos ellos como investigados. Uno ya había sido llamado el pasado viernes pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa.

En el «caso Imelsa», cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el próximo 14 de mayo tras la nueva prórroga acordada por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunidad cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Acceso a declaración

Por su parte, la secretaria del grupo municipal del PP de la ciudad de Valencia y «alter ego» de la exalcaldesa de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, aprovechó su declaración ante el juez que investiga la «Operación Taula» para exculpar a Rita Barberá de cualquier relación con las donaciones anónimas que recaudó el partido entre 2006 y 2014 y que ascendieron a 245.450 euros. «En ningún momento ha sido Rita Barberá. Y lo juro solemnemente, porque ha sido la diana en todos los medios y allende los medios», aseveró García-Fuster sin que nadie le hubiera preguntado o sugerido que la actual senadora del PP pudiera ser la recaudadora.

En la grabación de las declaraciones ante el juez de la imputada García-Fuster, incorporadas a la causa y a las que ha tenido acceso este diario, la considerada como «cajera» del PP explica que las donaciones «eran cantidades que se recolectaban entre colaboradores, militantes afiliados y allegados...». «Me los entregaba una persona, que en este momento decido preservar su anonimato, pero en todo caso en aquella época no era una persona anónima. Eran cantidades inferiores a 100.000 euros y entendíamos que no vulneraba la ley de financiación de partido políticos. Entendíamos que no era delito y bajo ningún aspecto provenían de una operación ilícita», explicó la secretaria del grupo municipal.

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