El fiscal anticorrupción Felipe Briones se ha opuesto a la petición planteada por José Luis Castedo, hermano de la exalcalde de Alicante, y su exsocio en el despacho Salvetti, el exedil socialista Javier Gutiérrez, para que se archiven para ellos las actuaciones en el proceso abierto por presuntos amaños en el PGOU de la ciudad, en el que figuran como investigados.

Entre sus argumentos para que continúen las actuaciones para Castedo y Gutiérrez el fiscal explica que una serie de mercantiles les contrataron «para que elaborasen sus alegaciones para defender sus intereses frente al resultado de la calificación de sus fincas» en las dos primeras exposiciones públicas del PGOU. «Salvetti se encargó de realizar las gestiones pertinentes con la administración local (...) mientras G&M, subcontratada por Laboratorios y Proyectos (el equipo redactor del plan) era la encargada de la estimación o desestimación de las alegaciones presentadas». Briones incide en que tanto la empresa que realizó las alegaciones (Salvetti) como la encargada de contestarlas (G&M) pertenecían a Javier Gutiérrez y que «en cuanto a las alegaciones presentadas, resultaron todas estimadas o estimadas parcialmente en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas ya que las personas al frente de la sociedad que realizó las alegaciones y quienes realizaban las estimaciones eran las mismas».

Sin citar en ningún momento al empresario Enrique Ortiz, investigado junto a los dos abogados urbanistas y a los dos últimos regidores de Alicante, entre otros, por la presunta revelación de información privilegiada sobre el planteamiento, el fiscal vuelve a citarlos en su escrito de oposición al sobreseimiento solicitado por el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, encausado también en este proceso. Apunta Briones en este punto y en relación con Salvador que, en su caso, «los hechos investigados se refieren a la recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del plan general a través de Javier Gutiérrez, el cual diseña a la medida del empresario Salvador Águeda un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo plan como se desprende de una conversación intervenida a Enrique Ortiz».

El acusador público, por contra, no ve inconveniente alguno en que se sobresean las actuaciones para el exdirectivo de la CAM Daniel Gil, quien desde el inicio de la instrucción figura también como investigado en esta causa. Un criterio que coincide con el que ya hizo llegar al instructor el representante legal del Ayuntamiento, acusación particular en el procedimiento, con lo que su exclusión de la causa puede darse casi por segura.