La secretaria del grupo municipal del PP de Valencia y «alter ego» de la exalcaldesa de Valencia, Mari Carmen García-Fuster González-Alegre admitió ayer al juez que investiga la «Operación Taula» las donaciones habituales y en periodo electoral de «militantes, amigos y simpatizantes» del Partido Popular, según explican a este diario fuentes conocedoras de la declaración. García-Fuster justificó así algunas de las anotaciones que aparecen en las libretas de contabilidad incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valencia durante el minucioso interrogatorio al que la sometió el juez Víctor Gómez.

La secretaria del grupo municipal popular declinó identificar la persona que recogía el dinero para «preservar su identidad» y, a preguntas del magistrado, achacó las siglas «CyA», utilizadas para identificar estas aportaciones anónimas como «cercanos y allegados», aunque otras fuentes las achacaron a «cercanos y anónimos». No se trataría de las iniciales de «concejales y asesores», según se interesó el juez.

Estas aportaciones serían «totalmente legales» y estarían permitidas, según explican varios abogados a este diario y defendió García-Fuster. Sin embargo, la ley de financiación de partidos políticos de 2007 ya prohibía las donaciones anónimas a las formaciones políticas e impedía que una misma persona aportara más de 50.000 euros anuales.

Estos ingresos «anónimos» no se pudieron recaudar en 2015 y, de ahí, que se recurriera en la última campaña electoral municipal a las aportaciones de 1.000 euros exigidas a los concejales y asesores. Una decisión que se tomó por el comité de campaña de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Valencia en febrero de 2015. García-Fuster dijo no recordar de quién fue la idea de aportar los 1.000 euros y negó rotundamente que esa cantidad se volviera en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero negro procedente de mordidas.

Respecto a las declaraciones de la ex concejala Maria José Alcón, que admitió el blanqueo en una conversación grabada por la Guardia Civil y los cuatro asesores que se negaron a pagar porque se olieron la ilegalidad, según su versión, Mari Carmen García-Fuster aseguró que «todo es mentira». Aclaró que el ingreso no era obligatorio y que no se devolvió la aportación de 1.000 euros a nadie. Incluso detalló que en marzo de 2015 no se hablaba con Alcón desde hace más de dos años, tras una fuerte discusión que mantuvieron ambas. Y que tampoco trataba con los cuatro asesores que han comparecido como testigos ya que estos tratarían con el concejal del que dependieran.

Por último, ayer también se desveló que la secretaria del grupo municipal es junto a Maria José Alcón una de las imputadas del Ayuntamiento de Valencia en la causa principal de la «Operación Taula» que investiga el presunto cobro de mordidas en contratos municipales.

Respecto a los 5.690 euros que la Guardia Civil encontró en su casa distribuidos en sobres, García Fuster justificó que procedían de alquileres, del pago de lotería y de la herencia de su hermano, por lo que aportó certificaciones bancarias y de un administrador de fincas.