El primer recurso contra el decreto turístico del Consell abre la batalla jurídica ante el TSJ

La Diputación de Castellón formaliza en el Tribunal Superior su rechazo a la iniciativa del Consell que toma el control de sus competencias y la institución que preside César Sánchez lo presentará este mes

14.04.2016 | 00:52

La batalla jurídica entre las dos diputaciones gobernadas por el PP –Alicante y Castellón– contra los decretos del Consell que intervienen sus competencias en turismo y deportes ya es oficial. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dio cuenta ayer de la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por parte de la institución provincial castellonense de sendos recursos contencioso-administrativos contra la iniciativa «coordinadora» de la Generalitat. Mientras, la Diputación alicantina que preside César Sánchez hará lo propio en los próximos días «porque compartimos el mismo objetivo e idénticos argumentos jurídicos», explicaron ayer fuentes del «gobierno provincial» del PP.

En un contexto político e institucional de creciente distanciamiento entre César Sánchez y el jefe del Consell, Ximo Puig, fuentes de la Diputación alicantina explicaron que los recursos que presentarán ante el TSJ entre esta semana y la próxima incluirán en un solo acto jurídico la solicitud de toda la documentación sobre los decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico el 4 de marzo y la demanda razonada contra la iniciativa de la Generalitat.

El «gobierno provincial» resta importancia al hecho de que Castellón se haya adelantado en la presentación de los recursos por considerar que cada institución marca sus propios plazos jurídicos, pero la filosofía de rechazo es la misma, tal y como se acordó en la reunión celebrada el 11 de marzo en la sede regional del PP entre los dos presidentes de las diputaciones –Sánchez y Javier Moliner– y la lideresa Isabel Bonig.

En aquella «cumbre», los populares decidieron plantar batalla jurídica contra el «ataque frontal» a la autonomía política y jurídica de las diputaciones que, a su juicio, suponen los decretos, cuyo objetivo final sería «el desmantelamiento de los gobiernos provinciales». El PP sostiene que la coordinación turística con la Generalitat ya existe y cuestiona en sus recursos desde la falta de concreción sobre las competencias que pretende intervenir la Generalitat a la financiación del nuevo modelo, pasando por «el exceso de atribuciones» que se reserva el Consell como «un cheque en blanco» en materia turística.

Además de los asuntos de fondo como el vaciado de competencias de las diputaciones, los populares argumentarán en sus recursos otras cuestiones de forma que ponen en duda la legalidad de los decretos del Consell por considerar que se fundamentan en una ley (la 2/193) derogada por otra norma autonómica, la 8/2010 de Régimen Local.

Sin embargo, el Consell se mantiene en su postura inicial de que tanto el Estatut como la Constitución atribuyen a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de turismo. La Generalitat también se ampara en el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que dio el visto bueno legal a los decretos, sostiene que ha consultado al sector para su elaboración y que ha igualado el número de representantes en el consejo de coordinación.

Una vez presentados los dos primeros recursos por la Diputacón de Castellón, el alto tribunal autonómico da un plazo de 15 días a la Generalitat «para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Enlaces recomendados: Premios Cine