13 de abril de 2016
13.04.2016

Revela ante el juez que falsearon su firma para amañar contratos del Papa y la Fórmula 1

Acredita que usurparon su identidad para simular una oferta con la que vestir de legalidad la concesión a Gürtel

13.04.2016 | 00:44

La contratación de la cobertura audiovisual de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, cuyo contrato madre acabó en manos de la trama Gürtel, fue un dechado de pecados en materia de corrupción y bofetadas a la ley de contratos. Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía revela que en el amaño del procedimiento de adjudicación de esos servicios, por 7,49 millones a Teconsa para la instalación de pantallas y sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias, se recurrió incluso a la suplantación de la firma personal y de la identidad empresarial de un presunto aspirante a aquel concurso. Un empresario que nunca se presentó y que no era consciente de que usaron su nombre hasta que, tras acceder a la documentación de aquel procedimiento, descubrió que habían presentado oferta por él, concretamente por 2.440.100 euros.

El empresario, José Manuel Sansalvador Victorio, de la firma Avega, desveló ante el magistrado del TSJ que instruye la causa, José Francisco Ceres, que si bien llegó a interesarse por ese concurso, nunca concretó una oferta, entre otras razones porque le advirtieron de que el contrato estaba ya adjudicado de antemano. En su testifical, de 29 de octubre de 2014, fue desgranando las diversas anomalías que han permitido concluir a la UDEF que hubo falsificación para «orquestar una adjudicación concreta». Y no sólo en la sonorización y pantallas de la visita del Papa, sino también en algunos contratos para instalar las pantallas en el circuito urbano de la Fórmula 1. «Licitaron falsamente en nombre de Avega, a pesar de que la empresa estaba en franca quiebra, el contrato de la Fórmula 1 de 2012 y embolsándose el dinero», señala el empresario en su testifical, en la que admite haber sido contratista de ese evento durante tres años.

Además de la firma personal, Sansalvador advirtió de que el formato de la supuesta oferta, en el procedimiento del contrato audiovisual otorgado por RTVV, no se correspondía con el que usaba habitualmente su empresa.

Tampoco el número del presupuesto el 71 cuadraba con el historial de ofertas que constan en el archivo de Avega. La falta de un proyecto técnico y económico o que su propuesta apenas ocupara dos folios, cuando lo habitual era que alcanzara el centenar, son otras de las anomalías detectadas que han resultado decisivas para descubrir el fraude. La UDEF subraya que la convocatoria del concurso «se retrasó deliberadamente» para impedir la libre concurrencia. Al contrario de lo que es habitual en macroconciertos y eventos de esa entidad, que se adjudican con un año de antelación para poder conseguir el material técnico necesario, en este caso se acometió el procedimiento con apenas cinco meses.

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