El proceso por los presuntos amaños del PGOU ha terminado para el empresario valenciano Ricardo Fuster para quien ayer el instructor de la causa, el magistrado Manrique Tejada, acordó el sobreseimiento de las actuaciones al entender que no puede sostenerse la acusación de cohecho que pesaba sobre él. Fuster fue imputado (ahora investigado) en este procedimiento tras comprobarse que a través de su empresa pagó los 36.000 euros que costó el alquiler del jet privado en el que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la exconcejala Sonia Alegría viajaron a Creta en el verano de 2008.
El industrial, quien aseguró que era amigo del exregidor desde hacía tiempo, declaró en un principio que Alperi le pidió que le adelantara el dinero y que le indicó después que pasara por las oficinas de Enrique Ortiz en Valencia para recuperarlo, lo que no consiguió. En esa primera declaración relató que días después un desconocido le citó en un bar de aquella ciudad y le entregó un sobre con los 36.000 euros.
Meses después de esa comparecencia el empresario presentó una carta en la Fiscalía de Alicante en la que identificaba a la persona que le dio el dinero como Pedro Muguruza, el hombre de confianza de Ortiz en Valencia. Tras ratificar Fuster la misiva ante el juez, Muguruza aseveró que él no le había dado nada y en un careo inmediatamente posterior a las declaraciones de ambos cada uno se mantuvo en su postura.
El magistrado, que en aquel confesó que se sentía «incapaz de inclinar la balanza», acaba de acordar el sobreseimiento de las actuaciones para el empresario valenciano del que, no obstante, asegura en el auto dictado ayer que «no dice todo lo que sabe siendo evidentemente su relato parcial e interesado sin que aclare en modo alguno el proceder de emitir una factura a Enrique Ortiz e Hijos S.A. (con la que se presentó en las oficinas de Valencia) para recuperar los 36.000 euros abonados por el viaje a Creta por la mera indicación del sr. Alperi». Pese a ello, el juez concluye que no hay pruebas para sostener contra al industrial valenciano una acusación por cohecho.
Para tomar la decisión el magistrado ha valorado el que ninguna de las acusaciones se haya opuesto al sobreseimiento con la salvedad del abogado de Ortiz, «que rebate Fuster que se dirigen directamente contra el Sr. Ortiz».
En esta causa se investiga si Alperi y la anterior alcaldesa, Sonia Castedo, facilitaron información reservada al promotor sobre el planteamiento urbano de Alicante a cambio de regalos, uno de los cuales habría sido el pago de este viaje, cuyo vínculo con Ortiz ha establecido Fuster.
El magistrado acordó ayer también el archivo para Miguel Ángel Barba, a quien se le imputó en este caso por ser administrador único de la mercantil Rivaflecha S. L. a la que Fuster encargó que gestionara el alquiler del jet para Alperi. En su declaración Barba «manifestó su desconocimiento de los pasajeros del vuelo así como el conocimiento del sr. Fuster como cliente de la mercantil que administraba no teniendo más interés con el mismo que el comercial como representante de una compañía que se dedicaba al transporte aéreo de viajeros y mercancías».
