13 de abril de 2016
13.04.2016

Los concejales del PP de Valencia eluden el ultimátum del partido y se niegan a dimitir

Bonig notificará a Génova el incumplimiento del acuerdo alcanzado con los 9 ediles investigados por blanqueo

14.04.2016 | 00:52
Los concejales del PP de Valencia eluden el ultimátum del partido y se niegan a dimitir

La presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig, anunció ayer que enviará un informe jurídico a la dirección nacional del partido sobre el incumplimiento del acuerdo alcanzado con los nueve concejales del PP de Valencia investigados por blanqueo para que renunciasen a sus actas.

Bonig hizo estas declaraciones tras un encuentro con empresarios en Orihuela (Alicante), preguntada por el fin del plazo que concedió a los ediles para que renunciaran al acta, sin que lo hayan hecho.

«Nuestra postura sigue siendo la misma, apelamos a ese acuerdo al que llegamos y remitiremos un informe jurídico a Génova, que es quien tramita un expediente, para que tome las medidas oportunas», agregó.

La dirección regional del partido actuará «tras ver el resultado del expediente abierto por Génova», porque «hasta que no concluya este expediente nosotros no podemos abrir otro. Cuando se les tome declaración y Génova decida nosotros actuaremos, no sé cómo va a acabar este expediente», añadió.

Preguntada por las informaciones que hacen referencia a que varios empresarios han admitido que financiaron ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana, Bonig afirmó: «Lo hemos dicho por activa y por pasiva, eso pertenece al pasado, reprobamos esas conductas en el caso de que se demuestren».

«Ahora toca colaboración y pedimos celeridad, para que quien sea inocente lo pueda demostrar y caiga todo el peso de la ley sobre quien sea culpable», agregó.

Sobre la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Valencia y la posible comparecencia de la exalcaldesa Rita Barberá, Bonig indicó que «hay que dar explicaciones siempre, como debería hacer» el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Bonig se refirió a «los siete millones de euros que la fundación CES, germen de Podemos, cobró de un Gobierno que tortura y encarcela a la gente por opinar de forma distinta», en referencia al venezolano.

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