Frente común contra los recortes de Montoro. La Comunidad negocia, entre otras autonomías, con Cataluña y Andalucía una alianza para frenar el tijeretazo que el Ministerio de Hacienda pretende imponer y que tiene un impacto directo sobre las políticas sociales. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aseguró ayer que aplicar otro ajuste de unos 1.000 millones, como reclama Montoro, supondría echar el cierre a la conselleria de Bienestar Social. La número dos del Consell y líder de Compromís dejó claro que la Comunidad rechaza la posibilidad de meter aún más la tijera al tiempo que mantuvo el tono de dureza contra el Ministro de Hacienda y también contra el PP. «Estamos haciendo ajustes importantes. Para empezar ya no se roba», lanzó la vicepresidenta Oltra durante su habitual comparecencia semanal tras la reunión del Consell.
Oltra coincidía en el discurso con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que fue el que anunció la apertura de contactos con la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Andalucía y Baleares que tienen como finalidad coordinar actuaciones que eviten nuevos recortes. Cataluña busca, así, formar un frente contra los planes del ministro junto a comunidades que gobierna la izquierda, las más reacias a tocar sus partidas de gasto en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los recortes de Montoro, en el caso de la Comunidad, pondrían en jaque a un gobierno valenciano que ya está muy tocado. Sus niveles de gasto están al límite a la baja mientras el sistema de financiación, bloqueado desde 2014, castiga a la Generalitat con un expolio de unos 1.300 millones anuales.
Así que, al menos por ahora, la Generalitat se niega a continuar con los recortes. Los cálculos del Consell apuntan a que los ajustes podrían llegar a unos 1.000 millones. Montoro ha dado un plazo de quince días para presentar los planes de reequilibrio con la amenaza, incluso, de incautarse una parte de la recaudación de impuestos que corresponde a la Comunidad. «No nos negamos a cumplir el déficit. Es que es imposible hacerlo con estas condiciones», espetó la vicepresidenta. «Recortar los cerca de mil millones que plantea el ministerio supondría hacer desaparecer la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas», apuntó Mónica Oltra citando con toda la intención un departamento que lleva el peso de la atención a dependientes, menores y colectivos más desfavorecidos.
En opinión de Oltra, debe iniciarse un debate vertical «sobre el dinero y cómo se reparte» y lo que «debe cambiar» es la redistribución de lo que se queda el Estado y lo que va a las autonomías, dado que estas últimas «garantizamos -aseveró Oltra- el 75% de los derechos básicos» frente al 25% de los que se ocupa Madrid. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya solicitó hace unos días que se celebre una conferencia de presidentes. «Una de las cosas más graves de Montoro estos años es que ha generado un imaginario muy desleal por el cual las autonomías son malas, gastadoras e ineficientes», denunció la número dos del Consell.
