El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer la necesidad de que se convoque una conferencia de presidentes autonómicos para buscar una solución conjunta al problema del déficit, e instó a autoconvocarla si no lo hace el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su juicio, el problema de déficit que sufre este país «es de todos» y «no tiene ningún sentido que una administración -en referencia al Gobierno central- sea la que decida, porque no es el planteamiento ni lógico ni constitucional».

Puig se reunió ayer con el equipo directivo de la Conselleria de Hacienda para analizar la situación financiera de la Administración valenciana, después del «conflicto institucional» abierto por el Gobierno contra las comunidades autónomas a cuenta del déficit. Puig aseguró que el problema del déficit no es un problema de las autonomías, y señaló que la Comunidad Valenciana «está dispuesta a asumir la parte correspondiente para finalmente cumplir el objetivo de déficit, pero con nuevas circunstancia y con nuevos acuerdos respeto a la distribución del déficit». «Estamos por una posición de intentar vigilar el gasto extraordinariamente e intentar buscar la mejor de las gestiones posibles», añadió el presidente, a la vez que instó en que «la desviación del déficit de las administraciones públicas españolas no se puede residenciar» en las autonomías. Para Puig, ese desvío hay que «residenciarlo en decisiones políticas, como una reforma fiscal absolutamente imprudente», la desviación en la Seguridad Social o «todo lo relacionado con la amnistía fiscal».

En este sentido, el dirigente socialista consideró necesaria la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos, y aseguró haber hablado estos días con muchos de ellos y que existe «un sentir generalizado» sobre la necesidad de dar «una repuesta institucional a un problema institucional creado por el Gobierno de España». «Tenemos un problema que es el déficit y hay que abordarlo de manera sensata y colectiva y asumiendo que hay que dar una respuesta que no puede pasar por la satanización de las comunidades», concluyó Puig.