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Choque de trenes ante el TSJ por la gestión del turismo

La Diputación alega falta de concreción sobre qué competencias exceden el ámbito provincial

Choque de trenes ante el TSJ por la gestión del turismo

El conflicto institucional entre la Diputación Provincial y la Generalitat por el control de la política turística lleva camino de resolverse en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Mientras el Consell ultima para este mismo mes la aplicación del decreto que interviene las competencias de la corporación «que excedan el ámbito provincial», la institución que preside el popular César Sánchez ya ha decidido emprender acciones judiciales «para defender la autonomía provincial y la no injerencia del Consell» en las atribuciones de la Diputación.

El 9 de mayo finaliza en el TSJCV el plazo de presentación del recurso contencioso-administrativo que preparan los servicios jurídicos de la institución provincial contra la iniciativa «coordinadora» de la Generalitat, aprobada el pasado 4 de marzo por el pleno del Ejecutivo autonómico.

En síntesis, el recurso se fundamenta en la falta de concreción del decreto sobre qué actividades turísticas propias de la Diputación desbordan el ámbito territorial provincial; en el exceso de atribuciones que se reservan «para uso exclusivo» del Ejecutivo autonómico y en el «contenido excesivamente parco» del apartado dedicado a la financiación.

Pero hay más. Antes de entrar en el contenido propiamente dicho del decreto, el informe jurídico solicitado por Sánchez recalca la «nulidad» de ese documento por considerar que tiene su origen en una Ley [la 2/1983 de la Generalitat que declara de interés general para la Comunidad determinadas funciones de las diputaciones] que estaría derogada «de manera implícita» por otra norma autonómica, la 8/2010 de Régimen Local.

De modo que el punto de partida y origen del decreto de la polémica -la ley que considera que el turismo es de interés general para la Comunidad- convertiría en «nula» la iniciativa del Consell «por infringir el principio constitucional de jerarquía normativa y además regular una materia reservada a norma con rango de ley», según sostienen los servicios jurídicos de la Diputación. «Además», añaden, «de considerar su vigencia de casi 33 años sin que se haya hecho uso de esa ley por el Consell».

Por el contrario, el Gobierno de Ximo Puig considera plenamente vigente esa Ley 2/1983 y recalca en el preámbulo del decreto el artículo 2 de la citada ley que establece que la Comunidad asumirá la coordinación de las funciones provinciales en materia turística «cuando la actividad de una diputación pueda tener efectos que excedan del ámbito territorial provincial».

Del mismo modo, el Consell apela al Estatut d'Autonomia, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva a la Generalitat en materia de turismo. «Se considera prioritaria la existencia de una coordinación de las actividades» turísticas, destaca el decreto, «para evitar cualquier dispersión en las actuaciones y lograr así una mayor eficacia en la prestación de los servicios».

De esta forma, son las competencias a coordinar por el Consell el verdadero «caballo de batalla» de este contencioso, que también tendrá recorrido en el ámbito de los deportes. Así, el recurso de la Diputación sostiene que el artículo 3 del decreto del Consell que fija los criterios de coordinación «no sólo no expresan ninguna singularidad respecto a la competencia que se pretende coordinar, sino lo que es más grave, son tan genéricos dichos criterios que podrían predicarse de cualquier competencia provincial propia».

En la misma línea, la corporación provincial argumenta que el artículo 4 del decreto denomina como objetivos prioritarios «lo que en realidad constituye un auténtico cheque en blanco para uso exclusivo de la Generalitat, en tanto se establece que se deja al albur de Turismo que programe» las actividades conjuntas con las diputaciones.

Para hacer frente a la previsible colisión legal con el PP, el Consell pidió el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que dio el visto bueno a los decretos y no ve en ellos ningún impedimento normativo. El CJC recuerda que las competencias sobre turismo y deportes están blindadas para la Generalitat en el Estatuto de Autonomía.

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