Días después de la comunicación por carta del ministro Montoro que ha dejado tambaleando las finanzas de la Generalitat con la exigencia de nuevos recortes, el presidente Ximo Puig compareció ayer en el Palau para desvelar el contenido de otra misiva. Esta vez, el remitente es la Comisión Europea y no trae malas noticias. Bruselas ha decidido levantar una sanción impuesta a la Comunidad Valenciana que, desde 2013, mantenía inmovilizados 60 millones del Fondo Social Europeo (FSE) destinados a la competitividad regional y el empleo.
La UE suspendió el pago de las ayudas al Consell tras detectar casos de fraude e incidencias en la justificación y en el cumplimiento de los requisitos de algunas actuaciones de los proyectos de fomento del empleo que se cofinanciaron en el periodo 2007-2010 por un importe global de 140,78 millones. El FSE, dirigido a subvencionar a empresas para la contratación de trabajadores, quedó congelado cuando Europa había enviado 99,28 millones.
Puig atribuyó el castigo de Bruselas a la «mala gestión» del PP y agradeció a los funcionarios de la administración el trabajo que ha permitido reactivar el fondo. La Dirección de Empleo de la Comisión Europea considera que las autoridades españolas «han adoptado las medidas correctoras necesarias» para subsanar las deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y control. La carta también señala que se han corregido una serie de «gastos irregulares» aflorados.
El presidente de la Generalitat achacó ayer a un cóctel de «mala gestión y corrupción» la «pérdida de credibilidad del Consell en Europa» que, según éste, con el Ejecutivo del PP cayó «bajo mínimos», al nivel de «bono basura».
El levantamiento de la sanción comporta un balón de oxígeno más moral que económico para las arcas de la Generalitat, ya que en poco ayuda al grave problema del déficit y de infrafinanciación, los dos grandes caballos de batalla del Consell que ayer centraron la reunión mantenida por Ximo Puig en el Palau con el equipo directivo de la Conselleria de Hacienda, el titular del ramo Vicent Soler y los miembros del grupo de expertos de la financiación.
No obstante, la Comisión Europa se reserva el derecho de reiniciar los procedimientos si se ponen en su conocimiento nuevos elementos que cuestionen la posición adoptada en esta carta.
