La fiscal Ana Cuenca aseguró ayer que el considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y los empleados y responsables del grupo formaban una asociación ilícita con la finalidad de delinquir y «llegar a cargos públicos con papel decisorio» en la Conselleria de Turismo, desde donde se «amañó» el concurso de Fitur 2005 para «entregarlo a quien desde el principio querían«.

Así expuso la fiscal en su informe sobre la pieza de Fitur de la parte del caso Gürtel que se ha juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por el que se han sentado en el banquillo de los acusados 13 personas, entre ellas las exconselleras de Turismo con Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de Gabinete de la primera de ellas, Rafel Betoret; trabajadores de la administración y los considerados responsables de las empresas de Gürtel y empleados. La de ayer fue la sesión número 60 del juicio, que comenzó en marzo del año pasado. En esta «asociación ilícita» de los miembros de la red, la fiscal defendió que Francisco Correa era el «jefe, el propietario»; Pablo Crespo, su «mano derecha», el «ejecutor»; Álvaro Pérez, «el conseguidor» y destacó la participación relevante de Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños en la organización.

La fiscal subrayó que se trata del primer juicio de Gürtel que se va a tener que pronunciar sobre si formaban un asociación ilícita, antes del resto de procedimientos que se siguen en Madrid. Para la fiscal, se trata de una organización permanente y jerarquizada que Correa lideró con Crespo de forma estable en los años 2002-2009, y que en Valencia tuvo la finalidad de «delinquir» y penetrar en las Consellerias de Turismo y otras relacionadas para «llegar a cargos públicos con papel decisorio» como Martínez, Such o Betoret, o «relevantes», como los técnicos de la administración acusados.

La fiscal sostiene que se ha acreditado que esta organización «pivota» sobre Orange Market, que surgió en julio de 2003 «para empezar a delinquir en Valencia» como una cuestión «muy meditada» porque el grupo sabía que, a través de Álvaro Pérez, «podían acceder a los cargos públicos» valencianos dada la «facilidad» con la que se movía en esa administración. Sin embargo, mantiene que esta empresa no se desligó del «entramado» de Madrid, ubicado en dos sedes: Serrano 40 y Pozuelo de Alarcón, desde donde se realizaron las irregularidades.

«¿Por qué se trasladó a Valencia?», se preguntó e indicó que porque Pérez tenía «contactos muy relevantes con cargos de poder» y se veía que podía acceder a quienes manejaban las adjudicaciones de Fitur. Así, ha dicho, se conseguían «adjudicaciones arbitrarias» de las que se benefició la trama.