Ortiz paga 8,8 millones en el proceso con Hansa por el delito fiscal para reducir la pena

El ingreso del dinero trasciende después de que admitiera en la Audiencia Nacional que financió ilegalmente al PP

12.04.2016 | 00:57

El empresario Enrique Ortiz ha abonado 8,8 millones de euros que le reclamaba la Justicia por un presunto fraude fiscal por el que se va a sentar en el banquillo el próximo mes de junio, un pago que podría atenuar una hipotética condena en el caso de que fuera declarado culpable por la magistrada. Ortiz está acusado de ayudar al promotor de Hansa Urbana Rafael Galea a deducirse indebidamente seis millones de euros. El pago del dinero es causa objetiva para reducir la condena de cuatro años y medio que se le reclama. A finales de la semana pasada, el empresario admitió en la causa abierta por el caso Gürtel haber colaborado en la financiación ilegal del Partido Popular para la campaña electoral de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa Orange Market, una confesión tardía que ya se ha traducido en una rebaja de cuatro años a quince meses en la pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes cercanas al empresario descartaron que el pago del dinero por el proceso de fraude fiscal fuera una declaración de culpabilidad y señalaron hoy que se trata de una facultad que «permite la Ley». «El dinero está consignado en la cuenta del juzgado y en caso de que saliera absuelto se le devolvería», explicaron las mismas fuentes. En idéntica línea se expresaron las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario que descartaron hoy que se esté negociando acuerdo alguno y que es una situación habitual en los procesos de fraude fiscal. «En caso de condena se podría aplicar una atenuante por reparación del daño que le reduciría la pena», explicaron. En esta línea, precisaron que el empresario seguiría declarándose inocente en el juicio y que la línea de la defensa es seguir proclamando su absolución.

Junto a Ortiz y Galea, se sientan en el banquillo los empresarios Miguel Ballestar, Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas. El fiscal y la Abogacía del Estado les acusa de un fraude de seis millones de euros a la Hacienda Pública por lo que reclaman penas que suman cuatro años y medio de cárcel para cada uno por los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil. El fiscal les acusa de haber simulado en octubre de 2005 dos contratos de arrendamiento de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan que permitió a los responsables de Hansa con la ayuda de las empresas de Ortiz y Aurelio González Villarejo aplicarse bonificaciones fiscales que no les correspondían. Las fincas se encontraban en el denominado Plan de Actuación Urbanística número cuatro de la playa de San Juan (PAU 4). Los hechos fueron denunciados por la Delegación de Grandes Contribuyentes de Hacienda.

El juicio estuvo señalado el pasado 19 de enero pero se tuvo que aplazar al 21 de junio próximo al faltar uno de los testigos claves del proceso: el inspector de Hacienda que realizó el informe en el que se basaba la acusación. Según fuentes cercanas al entorno del empresario, el pago se hizo mucho antes de que se señalara aquella vista y apuntaron a que fue después del pasado verano, concretamente en otoño. Antes del señalamiento se consignaron en el juzgado más de 8,8 millones de euros en un escrito conjunto de Ortiz y otro acusado, por el que se abonaba la deuda con la Agencia Tributaria, así como las costas y los intereses que les reclamaba el fisco. La sesión del 21 de junio estará destinada a que todas las partes planteen todas las cuestiones previas que se estimen oportunas y, una vez que se resuelvan, el juicio seguirá del 4 al 8 de julio.

El empresario Enrique Ortiz tiene abiertas en los juzgados otras investigaciones por presunta corrupción, tres de ellas son ramas desgajadas del llamado caso Brugal. La Fiscalía Anticorrupción pide contra él penas que suman 17 años de cárcel por los supuestos amaños para ubicar el vertedero de basuras de la Vega Baja. Asimismo, también se le investiga por las supuestas filtraciones por parte de autoridades municipales del futuro planeamiento urbanístico de Alicante; así como un presunto trato de favor por parte de este ayuntamiento en la tramitación del Plan Rabasa.

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