08 de abril de 2016
08.04.2016

Montoro exige al Consell más recortes en 15 días y amenaza con quedarse los impuestos

Hacienda reclama a la Generalitat un acuerdo para ajustar el presupuesto, quiere limitar el gasto en farmacia y controlar todas las facturas

08.04.2016 | 01:14

El Gobierno valenciano desafía a Madrid y se niega a perder parte de los ingresos: no habrá más recortes.

Otro apretón más a la Comunidad. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continúa con su operación de acoso contra la Generalitat y ayer remitió una carta a su homólogo valenciano, Vicent Soler, en la que exige un nuevo plan de recortes en un plazo máximo de 15 días bajo amenaza incluso, llegado el caso y en el supuesto de que la ley se cumpla a rajatabla, de que Madrid «rescate» los impuestos cuya recaudación tiene cedida al Consell para incautarse de esa parte de los ingresos. Un varapalo más para una Comunidad que sufre el mayor expolio de toda España en el reparto de la financiación. En las próximas dos semanas, para cumplir la orden de Montoro, la Generalitat tendrá que aprobar un plan para ajustar su presupuesto además de someterse a otra serie de controles anunciados por el titular de Hacienda en el Congreso como poner un techo al gasto en farmacia o revisar una a una todas las facturas a través de un sistema informático.

Hacienda, con Cristóbal Montoro en funciones a la espera de las negociaciones para formar gobierno en Madrid, ya ha remitido esa misiva a 12 autonomías, entre ellas la Comunidad, que incumplieron el objetivo de déficit. Como se recordará, la Generalitat cerró el año 2015 con un desfase presupuestario del 2,51%, casi cuatro veces por encima del 0,7% permitido. Lo cierto, sin embargo, es que cuando el PP se marchó a mediados de año ya se había consumido el tope previsto para todo el año. El nuevo Consell de izquierdas alega, además, que tuvo que asumir casi 700 millones en «pufos» que dejó pendientes de abonar el Ejecutivo de Alberto Fabra. Los populares, sin embargo, replican que socialistas y Compromís se encontraron con un balón de oxígeno de 600 millones al eliminarse el pago de intereses que genera la deuda valenciana, en su gran mayoría avalada desde Madrid. La Generalitat deja de percibir anualmente unos 1.300 millones por el reparto de la financiación autonómica. A la cola en el reparto de fondos, el Consell no puede aspirar a cumplir con el déficit salvo que se modifique el modelo de financiación, caducado desde hace 2 años.

En ese plazo de dos semanas, la Generalitat tendrá que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos –un plan de recortes sobre actuaciones ya previstas en el presupuesto de 2016– y efectuar las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad. No se podrá gastar más que lo que figura en las cuentas de este año. La capacidad de actuación de la Generalitat quedará limitada y condicionará el margen de maniobra de un ejecutivo atado de pies y manos. El déficit permitido para este año todavía supone apretar más el cinturón hasta el 0,3% –un recorte de 2.200 millones respeto al de 2015–, decisión de La Moncloa con el aval de Bruselas que tiene, en el caso de la Comunidad, un impacto directo en servicios públicos como Sanidad, Educación o Bienestar Social. La Generalitat, como confirmaron fuentes autonómicas, sin embargo, se mantiene en sus trece: rechaza de plano cualquier posibilidad de meter aún más la tijera en un presupuesto que ya ha tocado hueso; recuerda que el volumen de gasto, en estos momentos, es muy similar al de 2015 y, por tanto, ya no se puede reducir más, algo que pone en cuestión que el Gobierno vaya a enviar a la Comunidad los 1.325 millones extraordinarias que el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra reclama; y le reprocha, finalmente, a Montoro que la misiva aporte todavía más «confusión» a las medidas que se deben tomar.

Con esta comunicación, el Gobierno inicia la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé, en caso necesario, que el Estado retome la competencia en materia de tributos cedidos a cada comunidad autónoma y se incaute de una parte de la recaudación, que el Gobierno asumiría directamente. Cristóbal Montoro entiende, en cualquier caso y de acuerdo con la información que figura en la carta, que con el aumento de los recursos de este ejercicio –952 millones hasta un total de 9.120 que llegarán por el sistema de financiación– podría ser suficiente para corregir esta desviación sin tener «necesariamente» la obligación de recortar gastos en las cuentas del año corriente. No lo parece en tanto que el modelo de reparto de fondos castiga de forma sistemática al Consell con más de 1.300 millones menos. Junto a la Comunidad, las autonomías afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y también Murcia.

La intención de Montoro, cuyo mandato podría tocar a su fin en breve en función de las negociaciones abiertas en Madrid para formar gobierno, es convocar en un plazo breve un Consejo de Política Fiscal y Financiera para revisar los planes de reequilibrio de cada autonomía. Los documentos que presenten la Comunidad y Cataluña son los más esperados porque entre ambas acumulan gran parte del déficit de toda España. Durante su comparecencia en el Congreso, además, el titular de Hacienda terminó por encrespar a las autonomías con un discurso que marca distancia con las comunidades. Montoro quiere que el incremento de la financiación sirva para controlar el déficit, con lo que las autonomías tendrán que seguir «enchufadas» a la respiración asistida del rescate. Y para poder optar al dinero del Fondo de Liquidez, las autonomías, entre ellas la Comunidad, tendrán que asumir unas condiciones muy duras con lo que, de facto, Hacienda sigue con su estrategia de mantener intervenidas a las comunidades. Todas deberán en primer lugar adherirse al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley General de Sanidad. Deben detallar medidas que aplicarán obligatoriamente si incumplen el límite de gasto sanitario además de establecer un techo de facturas farmacéuticas. También deberán someterse a un control absoluto de sus abonos. Otra de las exigencias será tener preparar un plan de tesorería para evitar el retraso en facturar a los proveedores.

El titular de Hacienda recordó que también tendrán estas comunidades que enviar mensualmente un informe de sus interventores generales sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, incluida especialmente la regla de gasto, y se mostró convencido una vez más de que el año se puede cerrar cumpliendo los compromisos si todas estas se ejecutan y porque las comunidades van a tener otras facilidades. La intervención de Montoro en el Congreso y el envío de las cartas a todas las comunidades afectadas levantó ampollas: todos los gobiernos están dispuestos a rebelarse para evitar recortes.

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