La Abogacía de la Generalitat ya emitió el pasado verano un informe en el que se analizaba la propuesta original que trasladaron los sindicatos a Presidencia para la reapertura del canal autonómico. Buena parte de esos planteamientos siguen recogidos en el documento remitido recientemente a la comisión parlamentaria de las Corts que trabaja en la puesta en marcha de la nueva televisión. De ahí que este informe sigue en vigor. La piedra angular de la propuesta del comité -la incorporación de los trabajadores adoptando como criterio de preferencia a aquellos que accedieron por oposición- genera problemas, como también la petición de que quienes queden fuera sean recolocados en la Adminstración.
El punto de partida es que la Generalitat y el comité acuerden la improcendencia del ERE. Y es este punto en el que saltan las alarmas de los servicios jurídicos. La Abogacía alerta de demandas de los propios trabajadores que no quisieran o pudieran devolver la indemnización para reincorporarse y de las que podrían llegar «en otros órdenes jurisdiccionales por malversación ante la jurisdicción penal, o por alcance en el Tribunal de Cuentas por el evidente perjuicio para las cuentas públicas de la Generalitat». Sin olvidar, apostilla, el posible incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
También lanza otro aviso nada despreciable para los intereses de la Generalitat: «Téngase en cuenta también los agravios comparativos a esgrimir por extrabajadores de otras empresas públicas sobre las que se han aplicado otros EREs y se podrian considerar discriminados con esta decisión unilateral del Consell», apunta la Abogacía. Otros posibles colectivos que podría acabar llevando a los responsables políticos a los tribunales serían aquellos profesionales que se incorporan al mercado laboral y que pretendan acceder a un puesto de trabajo a la nueva empresa. El comité de empresa ha tratado en su documento de salvar algunas de estas pegas jurídicas, ya que, por ejemplo, especifica que la incorporación de los trabajadores sería voluntaria, por lo que aquellos que no desearan volver o no pudieran al no disponer ya del dinero de la indemnización no estarían obligados a nada.
Más seguridad jurídica
El comité insiste en que al sacar el ERE de los tribunales habría más seguridad jurídica y no se correría el riesgo de nulidad, con el consiguiente gasto para las arcas públicas. Sin embargo, cabe recordar que la Abogacía sólo veía factible retrotraerse a la situación anterior al ERE con una declaración judicial de nulidad. Tampoco avala la paralización de la liquidación del ente, como sigue pretendiendo el comité, ya que podría «generar más inconvenientes jurídicos de los que plantea la liquidación definitiva». Tal como informó este diario, los grupos del pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) no sólo no han desautorizado la propuesta sino que quieren llegar a un acuerdo que implique abrir un nueva tele con el grueso de la plantilla integrada por los extrabajadores.
