La comisión de investigación sobre la gestión del PP, la batalla contra el decreto turístico del Consell, las modificaciones de crédito y ahora el reparto de las ayudas a los pueblos. La distribución por municipios de más de 30 millones de euros del remanente de tesorería de 2014 en la Diputación anticipa un nuevo conflicto en la institución provincial entre el PP y los grupos de la oposición, especialmente Compromís y el PSPV-PSOE.
Las posturas ya están enfrentadas de cara al pleno del próximo día 13 que debe decidir los criterios de asignación de este Plan de Inversión Financieramente Sostenible, cuya cuantía de 30 millones casi duplica los 16 millones del Plan de Cooperación, el «programa estrella» de la corporación.
Mientras el «gobierno provincial» del PP apuesta por un reparto de ayudas basado en seis líneas de actuaciones con concurso de subvenciones por separado, Compromís y PSPV discrepan de ese criterio por considerar que «ni es objetivo, ni respeta la autonomía municipal», al tiempo que prima con la mayoría de los proyectos a los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes.
Compromís presentó ayer una propuesta de asignación que parte de las bases impulsadas por el gobierno de la popular Luisa Pastor en 2015 «y lo mejora con incentivos a la sostenibilidad y responsabilidad». «Queremos que este proyecto sea de consenso y represente el principio del fin de las convocatorias tradicionales que han obligado a los alcaldes durante décadas a venir a hacer reverencias para conseguir financiación», indicó ayer el portavoz de la formación Gerard Fullana.
En síntesis, esta coalición plantea que los parámetros de reparto de las ayudas sean universales, concretos y objetivos para que cada municipio sepa con antelación de cuánto dinero dispondrá «con la voluntad de beneficiar a los pueblos de menor tamaño y con la idea de mantener una línea de subvención a los grandes municipios para enriquecer la inversión», precisó el diputado de Compromís por l'Alacantí, Lluís Pastor.
Así, la formación propone que a los ayuntamientos de menor población les corresponda una mayor proporción de estas inversiones. Además, plantea que los municipios puedan elegir si invierten en uno o varios proyectos, así como una prima de hasta el 10% «si se respetan líneas estratégicas de inversión -mejora de la red hídrica, ahorro de energía y apoyo al transporte público- y responsabilidad social y verde en la contratación».
La propuesta de Compromís incluye un tabla de los 141 municipios de la provincia con un importe mínimo y máximo de asignación a cada uno de ellos, techos correctores en función de la población y la previsión de un fondo de emergencia de seis millones de euros para inversiones urgentes consensuadas.
Por su parte, el PSOE aboga por «simplificar los parámetros y reforzar la autonomía de los gobiernos locales», explicó el portavoz y alcalde de Xàbia, José Chulvi. De los 31 millones de remanente, los socialistas proponen que algo más de tres millones se destinen a obras de ámbito supramunicipal y los otros 27 millones vayan a parar a un Plan de Inversiones Sostenibles con cantidades fijas de reparto para ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes, «y a menor población, mayor cantidad fija» de asignación. Estos fijos se establecerían en 80.000 euros para los menores de 5.000 habitantes; 60.000 para los municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes, y de 40.000 euros para los de entre 10.001 y 20.000.
A esta cantidad habría que añadir 10 euros por habitante, que también sería de aplicación en los municipios de más de 20.000 personas censadas. «Introducimos un factor de corrección para ayudar a los pueblos pequeños y fomentar la capacidad de decisión de los consistorios», explicó Chulvi, «frente la propuesta del PP, que constriñe los criterios de ayuda y excluye a un elevado número de ayuntamientos, sobre todo de más de 25.000 habitantes».
