07 de abril de 2016
07.04.2016

Montoro: «El Consell debe asumir la multa de la UE, las responsabilidades se heredan»

El ministro de Hacienda asegura a INFORMACIÓN que tras un cambio de gobierno no se puede renunciar a la gestión anterior

07.04.2016 | 03:34

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, atiende a INFORMACIÓN en el Congreso de los Diputados, justo en la puerta de acceso al hemiciclo en el que se vota la inclusión en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de una cláusula para adecuar la inversión al peso poblacional del territorio.

El Gobierno sigue en funciones, pero el responsable de la caja de caudales del Estado agota su periplo al frente del ministerio. El encuentro en el Congreso se produce unas horas después de la extensa reunión, más de dos horas y media, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La delegación valenciana ya ha abandonado el Congreso y Montoro acepta, a preguntas de este diario, abordar las principales cuestiones valencianas que afectan a su departamento. Durante la charla desvela que aunque el Gobierno se encuentre en funciones, la Comisión Europea les insta a seguir ejerciendo.

Nuevo fondo de liquidez. El ministro asegura que el fondo de tesorería que pactó con el jefe del Consell el lunes para mejorar la liquidez «va a garantizar que, mes a mes, no haya demora en los pagos a proveedores y la Generalitat pueda disponer de recursos». Señala que la Comunidad Valenciana tiene la posibilidad de solicitar anticipos mensuales «porque tiene una liquidación pendiente muy importante. «De esa forma –prosigue– podremos cubrir los baches de tesorería y que no repercutan sobre todo en los proveedores». El ministro de Hacienda ve necesario que ese pago a los proveedores resulte «fiable» porque repercute en la financiación de servicios como la Sanidad, Educación y Servicios Sociales. «Esta es la idea», resume.

Sanción por ocultar facturas. Preguntado por la sanción de 19,8 millones impuesta por la Unión Europea al Reino de España por la ocultación del déficit sanitario, Montoro responde que el Gobierno «no puede tomar otra opción que no sea la de repercutir la sanción a la Administración correspondiente, en este caso la valenciana».

Defiende que en esta cuestión el Gobierno ha mantenido «una actitud crítica» una vez ha recurrido contra la sanción de la UE «porque creemos que la Comisión ha aplicado retroactivamente un reglamento y entendemos que la sanción no es válida», señala el ministro. Pero admite que la sanción está viva, y que mientras se resuelve el proceso «el Estado se ha visto en la obligación de pagarla». «La obligación es nuestra, porque es ley y no tenemos ningún margen que no sea repercutirlo sobre la Administración valenciana; no podemos hacer otra cosa porque es la ley de estabilidad presupuestaria y tenemos que aplicarla estrictamente».

Responsabilidad del Consell del PP. Con todo, admite que la discusión radica en el origen del problema, la ocultación de las facturas. Inquirido por la responsabilidad que tuvo el anterior Consell, del PP, responde que las responsabilidades «se comparten aunque estas sean heredadas». «Para eso –añade– se produce un cambio de Gobierno para hacernos responsables de lo que hay. Nos quejamos todos. Yo también me he quejado de la herencia y me volveré a quejar, pero eso no es óbice para que asumamos la responsabilidad de la tarea». En ese punto responde afirmativamente a la pregunta de si son los valencianos los que están obligados a pagar la sanción porque su anterior gobierno autonómico ocultó facturas. «Es normativa Europea y el Gobierno de España no puede negociar», subraya.

A renglón seguido se defiende con que también el PP llegó al Ministerio de Hacienda «y se encontró muchos agujeros de unos y de otros». «En política cada uno expone legítimamente las herencias, pero otras cosas son las consecuencias legales y en ese terreno no podemos distinguir. Ese argumento [el de que el Consell no quiere pagar la multa de la UE] no se puede sostener, se ha producido un cambio de gobierno y no se puede dejar de aplicar la normativa de estabilidad que planteamos para el conjunto de las comunidades», zanja.

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