El único juicio de la trama Gürtel que se celebra en la Comunitat Valenciana, sobre el presunto trato de favor en los contratos de Fitur de la Conselleria de Turismo a Orange Market, sufrió ayer un nuevo retraso, solicitado por las defensas, para citar a diez nuevos testigos. La medida viene provocada tras anunciar la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, que iba a imputar a los miembros de Orange Market el delito de asociación ilícita, tal como ha ido introduciendo en los interrogatorios. De esta manera, las penas para los responsables y trabajadores de la sucursal valenciana de la trama Gürtel aumentan entre 3 años y 18 meses, según los casos.
La cuestión no es baladí. Sumar el delito de asociación ilícita (la definición técnica de organización criminal) a los de malversación, tráfico de influencias y cohecho supone que los «cabecillas de la trama Gürtel» sumen tres años a cada una de las penas que ya solicitaba para ellos la Fiscalía Anticorrupción: Francisco Correa (diez años), Pablo Crespo (11 años y seis meses) y Álvaro Pérez (10 años). Para el resto de trabajadores de Orange Market acusados la Fiscalía solicita un incremento de la pena de 18 meses.
Las defensas de Crespo y Correa solicitaron que no se admitiera esta modificación de los delitos. Una petición que rechazó el tribunal, aunque la presidenta de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Pilar de la Oliva, sí que admitió la convocatoria de diez nuevos testigos. Básicamente proveedores y empresarios que «demostrarán que éramos una organización empresarial y no criminal», según explicó Pablo Crespo, tras suspenderse la sesión. El jueves se retomarán las vistas con los interrogatorios.
