La práctica de guardar facturas en los cajones, sobre todo en la Conselleria de Sanidad, que ha provocado la imposición de una multa de 18,93 millones por la Unión Europea a España se «ideó» durante la época del exconseller y exvicepresidente, Vicente Rambla, como director general de Régimen Económico de Sanidad, cargo que ocupó entre 1995 y 1997, según explican a este periódico fuentes conocedoras de los hechos. Este hábito de esconder el exceso de gasto sanitario debajo de las alfombras ya venía realizándose de forma sistemática desde los años 80, aunque con la llegada de los populares al Consell en 1995 se convirtió en una bola de considerables dimensiones que no paró de crecer hasta 2011, cuando afloraron 1.900 millones de facturas no contabilizadas. El grueso de ese dinero, 1.860 millones, correspondía a la Conselleria de Sanidad.
Este descontrol en el gasto fue el que provocó una investigación de la Unión Europea por manipular los datos del déficit que ha concluido con la imposición de una multa a España de 18,93 millones, cantidad que el Gobierno Central reclama ahora a la Comunidad Valenciana.
El origen de este embrollo se remonta a la época del Insalud (Instituto Nacional de la Salud), cuando las transferencias sanitarias aún no estaban transferidas a las autonomías. El Insalud realizaba presupuestos para gastos corrientes «estimativos y ampliables» que siempre se superaban, pero que el Estado cubría con aportaciones de dinero adicional. Una mecánica que heredó el Servicio Valenciano de Salud (SVS), cuando la Comunidad Valenciana asumió la gestión sanitaria el 1 de enero de 1988, con un déficit acumulado de 11.145 millones de pesetas (67 millones de euros). Una cantidad por la que la Generalitat pleiteó y logró que el Gobierno pagara 17.620,6 millones de pesetas (105,9 millones de euros) en 1990, según un informe al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.
En 1994, el Consejo de Política Fiscal y Financiera intentó acotar el descontrol en el gasto a través de una reforma del modelo de financiación de la sanidad, que imponía «un carácter limitativo de los créditos», pero que nunca se aplicó en la sanidad valenciana, con la justificación de que el «derecho a la vida prevalecía frente a cualquier consideración jurídica o económica». De esta manera, el problema entre las necesidades sanitarias y la falta de presupuesto seguía persistiendo.
Es a partir de 1995, con la llegada del PP a la Generalitat y de Vicente Rambla a la dirección general de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad cuando se idea el sistema para «camuflar» este desfase entre el presupuesto y el gasto sanitario. Rambla, licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, idea un sistema de fichas para recopilar las facturas sin presupuesto que se entregaban a la Sindicatura de Comptes, pero fuera ya de plazo para que la Intervención de la Generalitat pudiera contabilizarlas.
El control de las facturas en la Conselleria de Sanidad se realizaba a través de «registros auxiliares en los centros que tramitaban los gastos como los servicios territoriales y hospitalarios, que remitían la información hasta que agotaban el presupuesto». El resto de facturas que excedían las cuentas anuales «se almacenaban de forma irregular».
Una mecánica que ya fue denunciada por la Sindicatura de Comptes en un informe sobre la asistencia sanitaria del año 2000. «Sanidad comunica el 10 de septiembre de 2001 [los informes siempre se realizan a año vencido] que las obligaciones no reconocidas ascendían a 14.163 millones de pesetas a 31 de diciembre de 2000. El 8 de noviembre vuelve a comunicar una nueva relación provisional por 24.201 millones» y avisa que si «aparecieran nuevos datos sobre obligaciones no reconocidas a 31 de diciembre se harán llegar a la mayor brevedad posible».
Desde 1999, Rambla ya había dado el salto a la Conselleria de Economía y Hacienda por lo que, el mismo que ideó el sistema para esconder las facturas en los cajones era quien debía obligar a Sanidad, como titular de Hacienda, para que afloraran. Nunca lo hizo. Y la bola siguió engordando.
La Intervención de la Generalitat (que depende de la Conselleria de Hacienda) advirtió en 2004 de la «persistencia de la Conselleria de Sanidad en la práctica de seguir gastando cuando se quedaba sin presupuesto y ocultar esas facturas en los cajones». El problema es que desde 2003, quien ocupaba la cartera de Sanidad era el mismo Vicente Rambla. «Se incumplió sistemáticamente la obligación de comunicar el gasto pendiente de abonar».
La bola de las facturas en los cajones era de tal calibre que, de haberse contabilizado anualmente, «habría absorbido el presupuesto anual de la Conselleria de Sanidad».
El Consell era consciente de esta situación. Y aprobó al menos cuatro programas de «imputación presupuestaria de obligaciones con cargo a anualidades futuras» en seis acuerdos del Consell que derivaban el pago de las facturas los cajones a los años 2017 y 2018. Unos acuerdos suscritos por los sucesivos vicepresidentes de la Generalitat, Víctor Camps (que rubrica el de 2007) y, de nuevo, Vicente Rambla, que certifica, como secretario del Consell (en 2009 y 2010) los acuerdos para aplazar el pago de las facturas en los cajones. La Intervención General del Estado conocía estos informes desde 2005. Pero hasta 2011 no tomó cartas en el asunto.
